El procurador general, Nicolás Becerra, se mantuvo dentro de la tendencia general que se observa en la Justicia de dar marcha atrás con la pesificación. En un dictamen que debe interpretarse en el marco de la defensa del derecho a la propiedad -base de los fallos judiciales serios en contra de la pesificación de los depósitos-, el más alto fiscal del país le aconseja a la Corte mantener esta garantía constitucional. También buscar una alternativa que no destruya al sistema financiero. Su opinión quedó registrada en el pronunciamiento que hizo ayer para que la Corte dirima (ése es el término que utilizó como una acepción más amplia que juzgar) el juicio que mantiene San Luis contra el Banco Nación y el Ministerio de Economía. Esa provincia reclama la devolución de 234 millones de dólares y no a la paridad de $ 1,40 que dispuso la pesificación. Este criterio fue contestado por el procurador del Tesoro, Rubén Citara -defiende al Estado en este juicio-, con el pobre argumento de que San Luis dolarizó esa suma mediante un asiento contable porque el origen del dinero es un pago por coparticipación federal de impuestos. Esta interpretación no tiene en cuenta que en su momento regía la Ley de Convertibilidad.
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El pasado 8 de julio, Becerra dictaminó que correspondía la intervención de la Corte, pero se reservó su opinión en relación con el fondo de la cuestión. Este silencio encrespó a algunos jueces que decidieron devolverle el expediente como en su momento pensaron hacerlo con otro juicio originario: recurso de amparo del gobernador de Río Negro, Pablo Verani, contra el decreto que suspende por 120 días hábiles los reintegros de plazos fijos obligados por resoluciones judiciales. Ahora, el procurador contraataca al sostener que «el artículo 127 de la Constitución le otorga Poder Dirimente que tiene facultades más extensas que la posibilidad de juzgar» y con expresiones menos jurídicas da a entender que el máximo tribunal no pudo encontrarle una solución a una complicada situación en la que se debe preservar el derecho a la propiedad y la necesidad de mantener sin quebranto el sistema financiero.
Traducida la expresión del fiscal mayor a los fundamentos de los jueces supremos cuando discurren sobre la necesidad de no apartarse del artículo 17 de la Constitución que explícitamente garantiza ese derecho, se puede interpretar que Becerra aconseja no pesificar los fondos de San Luis que la provincia reclama cobrar en dólares, pero por otro lado no provocar la quiebra de los bancos, coincidiendo con la posición de Adolfo Vázquez. Este ministro judicial que suele asesorarse con importantes economistas cuando le toca resolver espinosas causas financieras, es el autor de un voto sobre el caso San Luis c/Banco Nación que aconseja dolarizar la deuda pero entregar un bono dolarizado a 10 años aunque previamente la Nación podría anticipar fondos a $ 1,40 durante los dos primeros años si San Luis necesita del dinero.
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