PAMI: nueva ley prevé menos jubilados en la conducción

Graciela Ocaña

Ginés González García presentó ayer el proyecto de normalización del PAMI en medio de la tensa relación que mantienen la interventora del organismo, Graciela Ocaña, con su segundo, José Granero.

El ministro de Salud se acompañó de los dos funcionarios para anunciar el envío del proyecto de ley al Congreso, mientras Ocaña anoche recurrió a Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, para buscar una mediación en el conflicto. La nueva norma reduce la representación de los jubilados en el organismo de 7 a 2 y aumenta de 2 a 4 los representantes del Estado.

La conferencia de prensa se dispuso sin demasiada planificación justo el día que el ministro y la interventora tienen en agenda para reuniones semanales. Por un lado, corre el plazo de duración del mandato de la ex ARI en el organismo, pero la presentación parece haber girado más en el marco de disimular los trastornos en la convivencia entre Granero y Ocaña, para lo cual A. Fernández buscaba una alternativa. El jefe de Gabinete, en cambio, prestó más atención al proceso que sigue ahora en el PAMI: la reformulación del vademécum que quieren más reducido y que abrirá una discusión con los laboratorios.

A. Fernández dejó de lado la tensión entre los interventores en la charla con Ocaña, que el martes pasado llegó a un punto que podría terminar desplazando a alguno de los funcionarios.

Ocaña vendría presentando quejas contra su segundo directamente en la Casa de Gobierno, especialmente ante A. Fernández, su padrino en esa designación y con quien comparte reuniones políticas de una suerte de transversales que animanal jefe de Gabinete nacional.Granero, por su parte, goza de un padrinazgo mayor, como haber sido vicegobernador de Santa Cruz, motivos suficientes para agitar las aguas en el edificio de la semipeatonal Perú, donde en el piso 11 tiene su despacho Ocaña, y llevar la puja hasta la Casa de Gobierno.

• Quejas

La ex arista, quien hace rato no se habla con Elisa Carrió, se habría quejado primero por la supuesta intención de Granero de pedir la restitución a su cargo de un empleado que había sido desplazado por presuntas irregularidades. Luego estalló cuando tomó conocimiento de que, aparentemente sin consultarla, Granero aceptaba el aumento de los fondos a las cajas sindicales, dinero que el PAMI paga por los servicios que prestan las obras sociales y que por un cambio de modalidad en el reintegro restaría presupuesto al programa en beneficio de los gremios.

Esa pelea se mantiene en medio de quejas sindicales dentro del PAMI por parte de los empleados que le reclaman a Ocaña el 13% de los salarios cuya quita dispuso la gestión del ex presidente Fernando de la Rúa. Batucadas y paros, incluso, que la interventora ya estaría atribuyendo al vice Granero, aunque ayer Ocaña negó ante este diario cualquier dificultad con su par de gestión, algo que en cambio testificaban otros funcionarios de la repartición. González García, junto con la interventora, presentó ayer el proyecto de ley de normalización del PAMI que debe tratar el Congreso. Es el borrador que había sido presentado por la titular de la entidad a Néstor Kirchner, con algunas modificaciones menores.

El proyecto contempla que el directorio ejecutivo estará conformado por ocho integrantes (ya no 11), dos en representación de los beneficiarios, dos por los trabajadores activos y cuatro por el Estado nacional, que durarán cuatro años en el cargo y sólo podrán ser reelectos una vez.

El presidente, quien tendrá a su cargo la conducción administrativa, y el vicepresidente serán elegidos por el Poder Ejecutivo entre los representantes del Estado, participarán del directorio y podrán ser removidos por el Ejecutivo sin especificación de causa.

El Congreso podrá disponer por ley la intervención del PAMI frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justifiquen, la que no podrá exceder de 180 días corridos, ni ser prorrogada. También el Poder Ejecutivo podrá decretarla por el mismo lapso. El gobierno dispone, además, de 120 días para llamar a elecciones. Por otra parte, Ocaña explicó que se hará una reforma administrativa para recategorizar al personal y que los cargos se cubran mediante concursos.