Para acreedores, el FMI "no debería flexibilizar su política con Argentina

Los acreedores extranjeros de la incumplida deuda pública argentina advirtieron el martes al Fondo Monetario Internacional que no debería "suavizar" su política con el país, que busca reestructurar su pasivo con un fuerte recorte en el capital de los bonos.

Nicola Stock, codirector del Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina (GCAB), dijo estar preocupado por los reportes que indican que el FMI ayudará a Argentina al permitirle prorrogar pagos por 1.000 millones de dólares, pese a que el
gobierno suspendió el programa crediticio con el organismo.

Argentina tiene un acuerdo con el FMI de 13.000 millones de dólares.

"Yo la rechazaría (la postergación)", dijo Stock a Reuters el martes en una entrevista telefónica. El GCAB dice representar a acreedores que tienen 37.000 millones de los 100.000 millones de dólares de la deuda argentina.

Los comentarios de Stock llegan una semana antes de que el nuevo jefe del FMI, Rodrigo Rato, visite Argentina.

El codirector del GCAB señaló que cualquier oferta del país sobre su deuda en cesación de pagos fracasará sin el respaldo del FMI.

El gobierno del presidente Néstor Kirchner, que no logró cumplir con las condiciones que impuso el FMI para mantener en pie el acuerdo, anunció sorpresivamente este mes que postergaría el programa para enfocarse en negociar la deuda con los acreedores privados.

Esa decisión del gobierno buscó quitarse la presión del organismo del proceso de reestructuración de la deuda. Muchos acreedores han instado a los países del G7 a combatir desde el organismo lo que consideran una oferta de pago insuficiente.

"La propia auditoría interna (del FMI) dice que fue muy suave con Argentina en la década de 1990 y Rato tiene que estar atento a eso. Si continúa siendo blando, países como Brasil y Turquía dirán '¿por qué no nosotros?' Sentará un mal precedente. El FMI
deberá presionar con más fuerza", dijo Stock.

Argentina propuso emitir nuevos bonos por 40.000 millones de dólares para entregar a cambio de los 100.000 millones en cesación de pagos, en una propuesta que implicaría el mayor recorte en una reestructuración soberana.

Los acreedores reunidos en el GCAB exigen que el recorte en el capital de los bonos sea menor al 30 por ciento.

Al suspender las negociaciones con el FMI, el gobierno dijo que de todos modos seguiría pagando de sus reservas los vencimientos de deuda al organismo hasta fin de año, que suman unos 2.500 millones de dólares, sin recibir los desembolsos compensatorios por esas sumas como preveía el acuerdo.

Esa decisión también implica, según Stock y muchos analistas, que el país tendrá 2.500 millones de dólares menos para una eventual mejora de la oferta de reestructuración de deuda a los acreedores de la deuda en cesación de pagos.

Pero fuentes del FMI confirmaron el lunes informes de prensa que aseguraban que el organismo ayudaría a Argentina prorrogando deudas por 1.000 millones de dólares de los 2.500 millones que debe pagarle el país hasta diciembre.

Las fuentes aseguraron que el organismo no se opone a la decisión de Argentina de congelar el pacto hasta fin de año.

Los analistas creen que el FMI quiere reducir al máximo el riesgo de que el país caiga en cesación de pagos con el organismo, un incumplimiento que dañaría a la entidad multilateral al golpear su credibilidad y elevar sus costos globales de crédito.

El ministro de Economía Roberto Lavagna dijo que quiere llegar a un acuerdo con los acreedores privados antes de enero y realizar una gira de presentación de la oferta ante acreedores este año.

Pero Stock -cuyo grupo representa a acreedores de Japón, Estados Unidos e Italia incluyendo a unos 450.000 inversores minoristas en ese país europeo- dijo que tener un acuerdo con el FMI es esencial para el acuerdo con los acreedores privados.

"Si el gobierno iniciara la gira sin el soporte del FMI, creo que el proceso fracasaría. Los acreedores directamente no aceptarán la oferta", dijo.

Agregó que el GCAB no quiere recurrir a las cortes para recuperar los fondos, pero advirtió que se está acabando la paciencia de los tenedores de bonos. El lunes la firma legal estadounidense White & Case dijo que fue contratada por el GCAB para asesorar en el proceso de negociación con el gobierno.

"Muchos acreedores han estado esperando tres años para cobrar. Se les está acabando la paciencia", dijo Stock.