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El ajuste por inflación tiene la función de discriminar cuál es el valor real de los bienes y la ganancia que tiene una empresa. Entró en vigencia en 1980 y, durante la convertibilidad, se suspendió porque no era necesario actualizar ningún valor -eran mínimos los cambios de los precios-. Es importante porque determina qué parte de los valores representan utilidades o ganancias y cuáles son meramente componentes inflacionarios.
Por caso, si en un año hay una suba generalizada de precios de 100%, un bien que cotiza en dólares se apreciará en pesos.
El ajuste contable permite demostrar que la diferencia entre el precio anterior a la inflación y el posterior, no son ganancia y, por lo tanto, no tributan como utilidad.
El decreto, que ratifica la prohibición del ajuste, dispone y obliga a que varios organismos no acepten balances ajustados a valores constantes, sino que exige la presentación de los «nominales». Pero, el problema es que se sabe que el cálculo impositivo se realizará sobre estos valores nominales no teniendo en cuenta la devaluación para los activos dolarizados.
Ni bien se abandonó el 1 a 1, los contadores desempolvaron el ajuste por inflación pese a la prohibición de indexación.
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