¿Para esto son los superpoderes?

Kirchner apenas asumió volteó acuerdos del Estado con Meller,Eurnekian y Bulgheroni. ¿Se olvidó de Greco o fue intencionado mantenerlo?

Si sabía porque sabía; si no sabía, porque no sabía. El gobierno está condenado políticamente por las responsabilidades en el caso Greco, a quien el presidente de la Nación, el jefe de Gabinete y su ministra de Economía le autorizaron un pago que sólo la reacción de la oposición y la revelación de ese conflicto por la prensa pudieron impedir -hasta ahora-.

Improvisado en todo al asumir el 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner parecía tener un plan sólo para desbaratar aquellos acuerdos cerrados por gobiernos anteriores que había avalado el sistema jurídico que heredó. Tres decretos que se sucedieron en los primeros meses de su presidencia parecen seguir un plan coordinado y bien estudiado de desmontar compromisos entre el Estado y grupos empresarios que debían ser atacados porque servirían también para completar la tarea intentada antes -sin éxito- por Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde de desmoronar el sistema judicial organizado por Carlos Menem desde 1989.

Esos decretos desbarataron tres "negocios" -así los definió el gobierno- que no podían heredarse sin beneficio de inventario.

Resarcimiento al grupo Meller -motivo además del relanzamiento del juicio político a la Corte que le permitió a Kirchner apartar a todos los jueces designados en la era Menem-, contrato con el grupo Eurnekian por los Aeropuertos y suspensión del arbitraje entre el Estado y el grupo Bulgheroni, a quien se le reclaman deudas impositivas. Los tres decretos de Kirchner que se suceden entre julio y octubre de 2003 lo que hacen es voltear acuerdos extrajudiciales entre el Estado y particulares. El reclamo de Greco, el cuarto caso, es también por un acuerdo entre el Estado y ese grupo. Es el único que Kirchner no hizo caer en esa serie calculada de decretos.

El primero que cayó fue el acuerdo alcanzado por el Estado con el grupo Meller, que tenía ya la convalidación de la Corte Suprema de Justicia por el cual se le pagaría una suma que podía ser superior a los u$s 400 millones por una modesta diferencia en el precio de las guías telefónicas contratadas por la ENTel privatizada en la era María Julia. El Decreto 431 del 31 de julio de 2003 declaró nula de nulidad absoluta e insanable e irregular la resolución de la ex ENTel 146/1996 que le reconocía a los Meller ese dinero. El monto a pagar había sido fruto de un acuerdo alcanzado en el tribunal arbitral de Obras Públicas ya bajo el gobierno Duhalde, cuando Roberto Lavagna era ministro de Economía. La dupla Kirchner-Lavagna no hizo lo mismo con el caso Greco, que también se trataba de un acuerdo cerrado en el mismo ministerio años antes que -como el de Meller- también tenía convalidación judicial.

LA JUSTICIA SOBRE TODO

El segundo "negocio" que volteó Kirchner fue el contrato por los Aeropuertos firmado por Duhalde, cinco días antes de dejar la presidencia, con el grupo Eurnekian. Lo hizo el 8 de octubre de 2003 por el Decreto 878 que derogaba el anterior firmado por Duhalde (1.227/03). También se trataba de un acuerdo Estadoparticulares, como el caso Greco.

El tercero fue voltear el arbitraje para decidir qué debía pagar el grupo Bulgheroni. Fue por el Decreto 966 del 27 de octubre e 2003, que derogada otro de Menem (el 2.021/ 96) que había sacado el litigio de los tribunales y lo había enviado a una comisión arbitral que debía decidir diferencias entre los Bulgheroni con la DGI y con la ex YPF. Con un decreto se hacía caer otro acuerdo Estadoparticulares, igual que el de Greco con el Estado, que se quedó afuera de la minuta que algún asesor le preparó Kirchner para cuando asumiera.

En los tres casos la administración Kirchner argumentó que por encima de esos acuerdos entre Estado y particulares estaba la jurisdicción de los tribunales, que tenía la potestad no sólo de tramitar esas diferencias sino que además debían revisar cualquier acuerdo alcanzado en las oficinas del Estado y fuera de los tribunales.

Fue un giro importante en la doctrina del Estado inspirado por juristas cercanos al gobierno Kirchner, entre ellos el fallecido Héctor Masnatta,autor del dictamen de la Corte Suprema de Justicia de 1974 en el célebre caso Sargo. En ese litigio se enfrentaban la entonces YPF con uno de sus proveedores por el resultado de un arbitraje. La Corte de entonces afirmó que esos arbitrajes debían ser revisados por la Justicia y que no tenían jerarquía superior a la de las leyes y sentencias judiciales. El caso Sargo lo reflotó la actual Corte Suprema cuando anuló un acuerdo arbitral en el caso Cartellone y tribunales inferiores lo han usado para fallar a favor de la primacía de los juzgados por sobre los tribunales arbitrales, por ejemplo, en el litigio que mantiene le empresa binacional Yacyretá con sus constructores.

COMO DECIDIR A QUIEN PAGAR

Mal informado -o a lo mejor demasiado bien informado- el gobierno Kirchner omitió en esa serie de decretos que voltearon acuerdos parajudiciales entre el Estado y particulares este reclamo del Grupo Greco, en donde hay un acuerdo desde 1987 que la Justicia manda pagar.

Seguramente que, con tres años de demora, es lo que hará Kirchner para sacarse de encima este escándalo. Un decreto podría, como en Meller, Aeropuertos o Bulgheroni, voltear el acuerdo de 1987 y poner de nuevo el cronómetro en cero. El nuevo juicio lo despacharían administraciones futuras más allá del optimista ciclo Kirchner. A diferencia de esos casos, que le sirvieron al Presidente como misiles a sus adversarios (Meller y Bulgheroni fue contra Menem; Aeropuertos contra Duhalde), ahora las víctimas serán de su propio gobierno. Puede paralizar su lapicera al firmar ese decreto el mirarse en el espejo; él firmó el pedido de bonos al Congreso para pagarles a los Greco, lo hizo en una carpeta que le acercarían ya con las firmas de Felisa Miceli, Carlos Zannini y Alberto Fernández. A tamaños linces de la política, ¿se les escaparían tres pagos por más de $ 500 millones pesos?

Tal desidia -o, en el peor de los casos, mala intención- pone la mirada sobre el fondo de este caso, que es como se asigna el gasto en la Argentina. Gobernar es gastar la plata de todos y en las ventanillas de la secretaría de Hacienda hay colas de acreedores de ayer, de hoy y de siempre que esperan que alguna vez les paguen. ¿Cómo elige el Estado a quién se le paga, cuándo y cómo? El caso Greco ofrece una prueba de que esos trámites se hacen lejos de la mirada no sólo de los otros poderes sino del mismo Poder Ejecutivo. ¿Cuántos Greco ha pagado el Estado sin que nadie se entere? ¿Es cierto que hay funcionarios que pueden decidir por las suyas sacar un expediente del fondo de la pila y ponerlo arriba para acelerar el pago? Las leyendas sobre esta discrecionalidad abundaron mucho cuando se instauró el «corralito» y algunos jueces daban amparos a particulares por reclamos del público de pagos como proveedores o por depósitos acorralados en bancos. En estos días se ha conocido el procesamiento de un ex funcionario de Economía de entonces en una causa vinculada al juez tucumano Felipe Terán, que fue destituido el año pasado por irregularidades en el trámite de esos amparos.

Los detalles escabrosos del caso Greco -toda la cúpula de Economía cruzándose reproches en una escalada que en cualquier momento va a fructificar en renuncias- hacen que el ciudadano de a pie se pregunte si los poderes extraordinarios que reclama el Poder Ejecutivo desde la década anterior y que el Congreso le extiende con tanta generosidad no son la cortina para encubrir estos actos del Ejecutivo con el dinero de todos. ¿Para esta generosidad con la plata ajena es para lo que quiere el Estado que sus funcionarios gocen de superpoderes que les permiten echar mano de partidas, autorizar pagos, aumentarse el presupuesto usando partidas votadas para otros destinos?

Si Kirchner, como parece ya fatal, va a firmar un decreto volteando -para salvarse él de los coletazos del affaire- el acuerdo Greco, debería pensar también, para que le crean su inocencia en el caso, en resignar él y su jefe de Gabinete a esas herramientas que quitan transparencia al gasto del Estado que son los superpoderes. El caso Greco demuestra que se terminó la era de la inocencia y que si el gobierno -éste o el que le siga- no elimina los mecanismos que le dieron origen, habrá no sólo este Greco sino muchos Greco más.