Para poder cumplir, habría que emitir un nuevo bono

Para el constitucionalista Gregorio Badeni, el principal error de dar marcha atrás con el recorte de 13% a los empleados públicos y jubilados está en la forma en que fue redactada la ley durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Para Badeni, la inconstitucionalidad de la norma radica en que no especifica la justificación de la emergencia económica ni el tiempo de vigencia de la reducción salarial. Dice que se podría sancionar una nueva ley que incluya estos elementos jurídicos, pero que igualmente el pago retroactivo a los salarios y jubilaciones que ya se liquidaron con el recorte deberá efectivizarse. Para esto afirma que sería legal emitir un bono para atender esta situación. Las principales declaraciones de Gregorio Badeni a este diario fueron las siguientes.

Periodista: ¿Justifica la decisión de la Corte? Gregorio Badeni: En un ámbito estrictamente jurídico, el problema es que la Ley de Emergencia Económica o de Déficit Cero está mal redactada y aprobada por el Congreso. Para que hubiera sido aplicable, en el texto de esa ley se debería haber explicado puntualmente por qué se están invocando circunstancias especiales que generan una crisis que obliga a tomar medidas extremas. Además, se debería haber mencionado el período de tiempo en que regiría la reducción salarial. Por último, ninguna decisión del gobierno debe basarse en tomar el salario como variable de ajuste.

P.: ¿Por qué cuestiona ese punto?

G.B.: Porque el gobierno nacional no puede tener la facultad de operar sobre el salario y las jubilaciones cada vez que tenga un desequilibrio fiscal; y sin que queden bien explicadas la emergencia económica y la duración de esta circunstancia. Supongamos que a un gobierno se le ocurre un plan de viviendas o de infraestructura, o construir colegios u hospitales; y que para poder obtener fondos se rebajan todos los salarios públicos...

P.: ¿El gobierno puede reformular la ley?

G.B.: Sí. Pero debe explicar la emergencia que lleva a esa decisión, establecer la rebaja y el tiempo exacto que durará esa medida. Pero igualmente la aplicación de una nueva legislación en este tema regirá hacia adelante y no hacia atrás.

P.: ¿Eso quiere decir que el gobierno deberá pagar la reducción salarial con retroactividad?

G.B.: Efectivamente. Creo que esto ya es cosa juzgada.

P.: ¿Podría el gobierno recurrir a un bono para atender esos pagos?

G.B.: Sí, siempre que cumpla con varias condiciones: que sea un título razonable, que preserve el valor de los empleados, que especifique el tiempo en que se cobrará y que haya garantías de liquidación.

P.: ¿El gobierno inmediatamente debería dejar atrás la reducción de 13%?

G.B.: No. Hasta que no haya una derogación de la ley, se deberá atender caso por caso. Presumo que recién para el ejercicio 2003 se debería atender esta medida de manera generalizada.

P.: ¿Cree que la decisión de la Corte se debe a presiones más políticas que a una decisión judicial?

G.B.: Cualquiera hubiera sido la decisión de la Corte, se hubiera dicho que fue una cuestión política. En este caso, nadie puede criticar los tiempos de la Corte. Para que este tribunal decida, antes debe esperar el dictamen del procurador general de la Nación, lo que ocurrió el 17 de julio pasado. Este expediente llegó a la Corte el 24 de julio, y el fallo fue el jueves 22 de agosto. No creo que haya habido suspicacias ni demoras, ya que es un tiempo razonable para que la Corte analice una situación. Por esto creo que objetivamente no veo especulaciones políticas por parte de la Corte.