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El gobierno ya tiene así prácticamente definida la eliminación del tope de los 3.000 pesos mensuales que impuso en su momento la efímera gestión de Adolfo Rodríguez Saá cuando reemplazó a Fernando de la Rúa, y elegiría el momento más adecuado para presentarla en sociedad, ya que antes de tomarla esperará a conocer el impacto que tendría sobre la opinión pública.
La restricción rige hasta hoy. Sin embargo, legalmente el gobierno tendría hasta casi fin de abril para modificarla, ya que sólo se tiene que anticipar a las liquidaciones de los salarios de ese mes que se realizarán en la última semana. Ayer se aclaraba dentro del Ejecutivo, entre los funcionarios que defienden el alza, que este incremento no implica un arrastre en todos los salarios públicos sino únicamenteen los que fueron designados políticamentey que cesan en sus cargos cuando terminala gestión presidencial o renuncian voluntaria o involuntariamente.
Existía en ese momento el temor a que el grueso de la administración pública se presentara judicialmente y demandara al Estado por la reducción salarial, amparándose en el artículo 14 de la Constitución nacional; cuestionamiento que luego fue avalado por la Corte Suprema cuando falló a favor de los trabajadores ante la rebaja de 13% en los salarios que había decidido Domingo Cavallo.
Ayer, oficialmente, comenzaron a conocerselas primeras protestas por la vigencia del tope de 3.000 pesos mensuales.
