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La decisión fue adoptada por el juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, quien declaró la inconstitucionalidad de las normas que implementaron el «corralito» y la pesificación de depósitos.
El magistrado cuestionó a la Corte Suprema porque en el fallo «Bustos» realizó un análisis sociológico económico parcial de la época, que se aleja de lo jurídico.
Sánchez Freytes dictó dos fallos, en los que se desconoce el criterio adoptado por los jueces supremos. Se trata de las causas «Quinteros», contra el BBVA Banco Francés, por un depósito de 37 mil dólares, y «Padula», contra el HSBC, por una cuenta de 103 mil dólares.
El juez cordobés apuntaló sus fundamentos en que «el derecho a la propiedad es uno de los derechos humanos fundamentales y su defensa siempre debe tener prioridad».
En su resolución, Sánchez Freytes destacó lo difícil que resulta determinar la norma jurisprudencial en la causa «Bustos», en funciónde las distintas opiniones y argumentos desarrollados por los ministros de la Corte.
De este modo consideró que esas argumentaciones no resultan suficientes para resolver la cuestión planteada, ni justifican dar marcha atrás respecto de lo decidido también por la Corte en las causas «Smith» y «Provincia de San Luis».
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