Preocupa al gobierno el desplome de los títulos públicos que amenaza complicar el crédito y la economía en general. Nadie sabe si se tomarán medidas al respecto. El juez Griesa hoy fallaría contra la Argentina sobre el embargo de u$s 17.000 millones en títulos públicos en Nueva York. Pero no se le podría adjudicar toda la responsabilidad al magistrado norteamericano. La ola de ventas que llevó al riesgopaís a casi 600 puntos tiene su raíz en un cóctel que integran la manipulación del INDEC, el conflicto con el campo y el discurso oficial contra inversores. Lo de Griesa y una resolución contra la Argentina es sólo una parte. Hoy a las 10 hora de Nueva York comenzará la audiencia entre los acreedores y abogados del país. Trascendió que podría decidirse, en el mejor escenario, mantener el embargo y solicitar nuevas pruebas para la resolución final.
Difícil panorama para el país presenta la audiencia que hoy desde las 10, hora local, tendrá lugar en el juzgado federal del Distrito Sur de Nueva York. Thomas Griesa definirá la suerte de u$s 17.000 millones en bonos capturados por los acreedores hace diez días. Por parte de los demandantes estarán presentes los abogados Guillermo Gleizer, Randy Sellier, Saúl Roffe y Pablo Giancaterino. En el otro rincón, por la Argentina, Jonathan Blackman y Carmine Bocuzzi, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Ayer estos últimos debieron presentar fundamentos de la defensa, paso previo obligado para la audiencia de hoy.
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La situación para la Argentina es compleja y hasta funcionarios del Ministerio de Economía lo reconocen. Se conoció, además, que Thomas Griesa el lunes por la mañana amplió la inmovilización de activos argentinos existentes en las agencias de clearing europeas, como Clearstream y Euroclear. La raíz de la demanda está en los Préstamos Garantizados en poder de inversores. Estos tienen como activo subyacente a bonos Global (pasan a ser de los inversores si esos Préstamos Garantizados no se pagaran). Esos Global son los que fueron embargados en Nueva York y Europa por u$s 17.000 millones de valor nominal. Cotizan a 30% en el mercado. Para los acreedores, esos Global son de la Argentina. Para abogados del país, son de quienes poseen los Préstamos Garantizados.
Pero los fundamentos presentados por los letrados del gobierno abrieron interrogantes. En primer lugar, llamó la atención la posición de la Caja de Valores, entidad argentina a cuyo nombre está la cuenta de los títulos en cuestión. Excusó ayer su responsabilidady aportó como prueba una sentencia recaída en su contra a raíz de un juicio que inició en 2003 contra el Estado. Pero en ese juicio la Caja de Valores presentó una acción declarativa contra el Estado por intervenir el fideicomiso donde se encontraban los bonos de los que ahora intentan apoderarse los acreedores. La Justicia Federal resolvió en ese momento a favor de la Argentina. Los abogados del país ahora deberán dar marcha atrás para decir que la Caja de Valores es un fiduciario privado y que nunca se modificaron los términos del contrato de los que resultaría beneficiario.
Otro dato que llamó la atención a los acreedores es que no se aportaron declaraciones actuales de funcionarios argentinos que defiendan la posición del país.
Pero lo que más suspicacias despertó es que no se presentaron balances del fideicomiso sobre el cual están los bonos Global. ¿Cuántos hay en realidad? ¿A nombre de quién? Y un fantasma adicional: ¿no se habrá inflado el grado de aceptación del canje en 2005 habida cuenta de que no se lo muestra? Será una tensa jornada en la que buena parte del mercado financiero estará pendiente de esta audiencia en la que hay mucho en juego para el país, no sólo los u$s 17.000 millones de bonos en cuestión.
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