Por ahora, Lavagna frenó la regulación a petroleras

El ministro Roberto Lavagna dijo ayer a los diputados justicialistas que hay negociaciones con las empresas petroleras para garantizar un fluido abastecimiento de gasoil en todo el país en forma prácticamente inmediata. También aseguró que las conversaciones incluyen el abastecimiento de gas licuado para uso residencial y para ir ajustando el valor del gas natural en boca de pozo, sin afectar en ambos casos las tarifas de los usuarios domiciliarios.

Esta respuesta de Lavagna enfrió por ahora el proyecto de ley impulsado por el diputado oficialista Arturo Lafalla, que implica volver a imponer fuertes regulaciones en el sector petrolero, desregulado desde 1991.

Lafalla dijo que «el ministro nos pidió tiempo y nosotros vamos a dárselo, y después, según sean los resultados, la semana próxima veremos qué hacer con el proyecto en la Comisión de Energía». Por su parte, el vocero del ministro aseguró que «Lavagna prometió estudiar el proyecto de ley».

En principio, la información produjo cierto alivio en las empresas petroleras que la semana pasada habían realizado un fuerte cuestionamiento a la iniciativa de Lafalla, ante la Comisión de Energía de Diputados. Según las compañías, el proyecto, de concretarse, depararía caída de la inversión, de la producción y del nivel de empleo, y también menos recaudación y baja en las regalías percibidas por las provincias productoras.

• Intromisión

Según las petroleras, el proyecto es «una intromisión» en los negocios y reflejaría una «intención de reestatizar la industria petrolera». Entre los aspectos más controvertidos del proyecto están la regulación de precios de los combustibles, la eliminación de la libre disponibilidad de divisas para lo recaudado por exportaciones, y la obligación de alquilar a terceros capacidad ociosa en refinerías y otras instalaciones.

Lo cierto es que hace ya tres semanas que las petroleras tienen abiertas negociaciones con el gobierno, siendo los interlocutores el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, un representante de la conducción económica y el secretario de Energía, Alieto Guadagni.

Las negociaciones incluyen:

• garantía de abastecimiento de gasoil en todo el país, al precio sugerido por las petroleras, con las diferencias lógicas por razones geográficas, eliminando los sobreprecios que se cobran en el interior por motivos especulativos;

• cumplimiento del compromiso de abastecer al transporte de pasajeros y de cargas con un precio preferencial que en principio es de 0,75 de peso por litro, pero subiría a 0,82 de peso, según las últimas conversaciones;

• suministrar gas licuado por redes (2,3% del consumo nacional del producto) al precio de referencia fijado por el ente regulador del gas en $ 300 la tonelada;

• suministrar gas licuado para el uso doméstico (garrafas, cilindros), a un precio de $ 600 la tonelada, lo que implica una rebaja de alrededor de 15% con respecto al valor actual, que es de u$s 200 la tonelada;

• fijar un sendero de ajuste para el precio del gas en boca de pozo a partir de julio que implique una suba gradual del producto en las tarifas de usuarios industriales, y mantener congeladas (podría ser, por un trimestre, hasta que termine el invierno y baje el nivel de consumo) las tarifas para hogares.

Como contracara de estos compromisos de las petroleras, el gobierno estudia:

• revisar la Resolución 140 de la Secretaría de Energía que limitó hasta el 30 de setiembre la exportación de petróleo y derivados a 36% de la producción de cada empresa y a la misma cantidad vendida al exterior en igual mes del año anterior;

• la revisión incluiría, por lo menos, tomar como punto de referencia para cada mes un promedio trimestral o cuatrimestral de las exportaciones de 2001, para evitar las situaciones puntuales de algunos meses;

• bajar las retenciones a las exportaciones de GLP de 20% a 5%.

La Resolución 140 es motivo de fuerte preocupación de los gobernadores de las provincias productoras que temen un menor nivel de actividad. De hecho, Pionner desactivó la semana pasada un plan de desarrollo en el área Loma Negra, cercana a Cutral-Có en Neuquén, invocando el tope a las exportaciones.

• Arbitraria

Ayer, el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, dijo que la 140 «es arbitraria y origina grandes perjuicios», por lo que su provincia llegaría a la Corte Suprema si la norma se mantiene.

Asimismo, se afirma que la embajada de EE.UU. le habría hecho saber al gobierno su inquietud por la Resolución 140 que afecta entre otras a la norteamericana Chevron, que exporta 70% de su producción actual y sufriría penalizaciones económicas por no cumplir con contratos ya pactados. Las penalizaciones por no cumplir compromisos de ventas al exterior también afectarían a Pan American Energy, a Pérez Companc, Vintage Oil y Tecpetrol.

Las provincias productoras también se manifestaron en contra del proyecto de Lafalla, asegurando que agravará lo que ya está pasando por la Resolución 140. En este clima, parece que ya no habría espacio para la iniciativa de los legisladores, pero el gobierno de Eduardo Duhalde ya dio demasiadas marchas y contramarchas en negociaciones con las petroleras, por lo que no es fácil saber cuál será la última palabra en las negociaciones en curso.