23 de agosto 2004 - 00:00

Postergan para marzo fallo clave con una privatizada

El gobierno logró ganar tiempo en el tribunal arbitral del Banco Mundial. El primer fallo por la demanda de CMS, accionista minoritaria de Transportadora de Gas del Norte (TGN), ya no será hacia fin de año, como se preveía. Se postergó para marzo de 2005. Se especula con que el tribunal espera que, desde ahora hasta esa fecha, el gobierno llegue a un acuerdo con TGN, y la empresa estadounidense retire la demanda. Sin embargo, un plazo que puede ser visto como razonable desde afuera podría ser escaso si se considera que los contratos de las privatizadas están para renegociarse desde enero de 2002. En la decisión del tribunal del Banco Mundial, se entrevé cierta confusión sobre la situación creada por la pesificación en la Argentina que derivó en 31 demandas activas (ya en marcha el litigio) y otras 30 pendientes. Los fallos en esa instancia, además, no sientan jurisprudencia, así que, con seguridad, si todo continúa, aparecerían dictámenes contradictorios, a lo que se suma la decisión del gobierno argentino de someter cualquier decisión a la Justicia local.

El gobierno de Néstor Kirchner logró que el tribunal del Banco Mundial suspendiera hasta marzo de 2005 el primer fallo por una demanda de las empresas privatizadas contra la pesificación.
El gobierno de Néstor Kirchner logró que el tribunal del Banco Mundial suspendiera hasta marzo de 2005 el primer fallo por una demanda de las empresas privatizadas contra la pesificación.
El gobierno de Néstor Kirchner ganó entre 3 y 4 meses en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, donde hay radicadas 31 demandas contra el Estado, fundamentalmente por la pesificación, y hay una treintena más de causas pendientes. En el juicio de la empresa CMS de Estados Unidos que se inició el 9 de este mes, se esperaba que el tribunal dictaminara antes de fin de año, pero luego de los alegatos finales, que hicieron las dos partes el viernes, trascendió que el fallo recién se daría a conocer entre marzo y abril de 2005.

Este alargamiento de los plazos obedecería a la decisión del tribunal arbitral de darle una oportunidad al gobierno argentino de llegar a un acuerdo por la renegociación del contrato con Transportadora de Gas del Norte, de la cual CMS es accionista minoritario, encontrándose fuera del capital de control.

En apariencia, el tribunal presidido por el chileno Francisco Orrego Vicuña consideraría que, de aquí a marzo, hay tiempo suficiente para que el Estado renegocie con TGN, y la demanda de CMS se retire. No obstante,lo que puede parecer razonable desde el exterior, en el plano interno no es un objetivo sencillo. En junio, la unidad renegociadora de contratos propuso a TGN, al igual que a las otras gasíferas y eléctricas, un acuerdo parcial con un único aumento de tarifas a principios de 2005, para arribar a un acuerdo definitivo en 2007.

La propuesta fue rechazada por TGN -también por TGS, Transener y otras de transmisión eléctrica-porque se la consideró «unilateral», «no el resultado de una negociación», porque «añadió inversiones obligatorias cuando el contrato original no las prevé», y porque exigía no sólo renunciar al CIADI, sino que la concesionaria quedara comprometida a afrontar los eventuales costos por un fallo de ese tribunal a favor de alguno de los accionistas.

• Sin avances

Luego del rechazo de las privatizadas, no hubo otros avances, y el gobierno tendría ahora que redefinir la estrategia y apurar los tiempos como para llegar a marzo con el contrato de TGN renegociado. (Los que renegocian por parte de esta concesionaria son los accionistas que comparten el capital de control: Total, Techint y Compañía General de Combustibles.)

En su intención de alargar los tiempos, el CIADI les pidió a CMS y a la Argentina que en 30 días presenten un resumen de 25 carillas de los alegatos finales. La impresión, por parte de los abogados del Estado, es que en el CIADI hay desconcierto frente a la situación argentina que hoy acapara más de 60% de las causas presentadas.

EL CIADI fue creado como una instancia para dirimir controversias en torno a inversiones, y dentro del mismo organismo hay dudas sobre si las pérdidas ocasionadas por la pesificación y el congelamiento de las tarifas, se puede encuadrar dentro de expropiación o trato discriminatorio, que son las grandes temáticas de estos tribunales que operan bajo la órbita del Banco Mundial.

El otro gran problema es que el CIADI
no tiene tribunales, sino que se nombran «ad hoc» para cada juicio. Por eso en el CIADI tampoco hay jurisprudencia: cada tribunal arbitral puede tener su propia opinión. Pero como se da la situación inusual de que la Argentina puede llegar a concentrar más de 60 demandas por el mismo tema, resultaría cuestionable la existencia de fallos contradictorios.

A esto se suma que el gobierno argentino ya anticipó que todo fallo del CIADI será primero puesto a consideración de la Justicia argentina, y la sensación en algunas privatizadas de que el juicio resulta contraproducente desde el punto de vista de la relación con el gobierno y con la opinión pública.

«Siempre
es mejor acordar con el gobierno que llegar a litigar en el CIADI», dijo el directivo de una privatizada.

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