El gobierno comenzará a negociar en las próximas horas con las empresas de medicina prepaga para considerar un aumento de las alícuotas de sus servicios. La intención de las compañías es plantear primero ante las autoridades el justificativo para los incrementos (especialmente al ministro de Economía, Miguel Peirano) y estudiar después la forma de implementar el alza. Según los primeros diálogos entre los representantes de las empresas y los funcionarios, el incremento se aplicaría antes del 10 de diciembre, cuando asuma la presidencia Cristina Fernández de Kirchner.
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Según la consideración oficial luego de los primeros contactos con las compañías, la situación del sector justificaría el incremento, pero el problema sería la manera de presentar la cuestión públicamente.
Las empresas hablan de un marcado retraso financiero en el sector, fruto de los costos crediticios a partir de la última crisis bancaria, lo que aún no se habría trasladado a las cuotas. Además, ya comenzaron las demandas de ajustes y actualización por aumento de costos operativos del sistema (como prestadores y profesionales), que incluye la amenaza concreta en el cese de las prestaciones. Hablan las empresas de una situación particular dentro del sector. La inflación en salud siempre es mayor que la del costo general de vida. Por ejemplo, en Estados Unidos sería de 3,5% el índice general y de 12% el específico de salud, y en Europa de 1% contra 7% en los mismos casos. Obviamente, esta situación se agravaría en la Argentina, donde el INDEC proyecta una inflación de 8,5% anual, mientras con datos reales se ubicaría entre 15% y 17%. En el caso de las prepagas, el alza de los precios superaría 20%. Hay otro problema en el sector de la medicina prepaga. Las compañías reciben permanentes, y en ciertos casos abusivos, juicios de mala praxis que se trasladan luego a los costos.
Las compañías hablan también de cierta falta de consideración oficial sobre el rubro, especialmente al no reconocerse el nivel de inversión que realizan. Además, se confunde públicamente con el sector de las obras sociales, donde hay menos aporte de capital, pero más subsidios.
Actualmente, optan por el sistema de medicina prepaga unos 3,5 millones de personas, una cantidad de usuarios que ante la eventual quiebra del sistema no podrían ser absorbidos por el sistema público de salud.
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