Privatizadas: apuran el acuerdo con eléctricas (lo exige el Fondo)

Economía

El ministro de Planificación, Julio De Vido, estría encarando la negociación con las empresas eléctricas y gasíferas, con la intención de llegar a un acuerdo parcial antes del 30 de este mes, para cumplir el compromiso asumido con el Fondo Monetario.

Las tratativas con las privatizadas eléctricas de jurisdicción nacional (Transener, Edenor, Edesur y Edelap) estarían más adelantadas que con transportistas y distribuidoras de gas.

Según fuentes vinculadas al ámbito oficial, hasta la semana pasada el gobierno había hecho una propuesta que no fue aceptada por las eléctricas. En tanto, se especula que entre hoy y mañana habrá una nueva oferta oficial, que podría empezar a delinearse como definitiva.


El gobierno, a través de la unidad de renegociación de contratos, habría ofrecido a las empresas distribuidoras de luz una suba de 30% sobre el valor de distribución que equivale a 10% sobre la tarifa al usuario final. Las compañías habrían pedido tres veces más, pero la clave para el acercamiento entre las partes pasaría a ser el escalonamiento en que se producirían las subas.

El ministro De Vido habría sugerido cierta aceptación a una suba de 10% en tarifa final, pero sin especificar en qué plazo. Fuentes vinculadas al propio ministro dijeron días atrás que el propósito era llegar a un acta como la de Aguas Argentinas que no incluye aumentos de tarifas para este año.

Aun cuando en la negociación interviene la unidad de renegociación y tiene distintos escalones políticos, la definición parece haber quedado en manos de De Vido y de los número 1 de las empresas, por lo cual el punto actual de las tratativas sólo puede surgir de especulaciones.


Lo que parece casi seguro es lo siguiente:

Las empresas prefieren un horizonte que se fije desde ahora, con aumentos escalonados en el tiempo, que les permita renegociar con los acreedores y tener una perspectiva cierta del negocio para definir inversiones.

• Es posible que a cambio de ese horizonte, si empieza el año próximo, puedan resignar un aumento inmediato.

El acuerdo parcial fijaría, por primera vez en el sector eléctrico, inversiones, ya que los contratos sólo establecen parámetros de calidad a cumplir.

• Sin embargo, también renovaría obligaciones sobre el servicio y la relación con los usuarios. Las multas aplicadas a las empresas y que todavía no fueron pagadas (prácticamente desde 2002) que impliquen reintegros a los clientes deberán cumplirse, en tanto las que deberían ir a las arcas públicas (menos de 40%, aproximadamente) se negociarían para acotar la suba de tarifas. . Habría una segmentación de los usuarios, pero se discuten las características. Aparte, habría tarifa social que sólo beneficiaría a los titulares de planes Jefas y Jefes de Hogar, para lo cual las empresas pedirían que confluyan una menor tarifa eléctrica y una baja de impuestos.

• Recién en 2007, cuando se espera que la economía argentina ya esté encaminada, al igual que la situación financiera de las empresas, habría una redefinición integral de los contratos.

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