Privatizadas esperan llamado del gobierno

El ministro de la Producción, José Ignacio de Mendiguren, se mostró ayer optimista en lograr un acuerdo con las empresas de servicios públicos en el sentido de ajustar hacia abajo sus tarifas luego de pesificarlas uno a uno.

El funcionario afirmó que «el acuerdo va a llegar porque es en beneficio de todos; el primer beneficio de las empresas que operan en el país es que la Argentina salga, porque, cuando un país funciona, los activos valen, y cuando un país está en un escenario como el que tuvo la Argentina en diciembre, no».

A pesar de las manifestaciones esperanzadas del ex titular de la UIA, algunas de las empresas involucradas en sus manifestaciones -consultadas por este diario- dijeron que todavía es prematuro hablar de reestructuraciones de tarifas sencillamente porque ninguna de esas empresas ha sido convocada por el gobierno para sentarse a conversar.

En este sentido, la falta de ministro en el área de Infraestructura y en la clave Secretaría de Comunicaciones preocupa a las privatizadas. Ayer, por caso, circulaba el nombre de Hugo Toledo para hacerse cargo de la cartera que ocupó hasta hace no mucho Nicolás Gallo. Toledo estuvo a cargo de similares funciones en la provincia de Buenos Aires cuando Duhalde era gobernador.

Para la SECOM, seguían rondando las «candidaturas» del ex diputado Juan Manuel Valcarcel, del cordobés Julio César «Chiche» Aráoz -enemigo en la interna provincial del gobernador Juan Manuel de la Sota- y del duhaldista Daniel Basile.

Pero todavía «no hay con quién hablar, y tampoco nos dicen cuándo comenzaremos a conversar de las nuevas tarifas», dicen en algunas de las privatizadas.

En telecomunicaciones, ayer circuló una versión sobre una supuesta reunión entre empresas del sector y el gobierno, que fue desmentida por fuentes de las privatizadas. «Estamos esperando que que nos llamen», dijeron.

Para cuando los atiendan, dicen, la posición que llevarán es la de tratar de diferenciar su caso de las de otras privatizadas. «Nosotros estamos en un mercado totalmente desregulado, con tarifas que vienen bajando y con una gran competencia. Distinto es el caso de empresas que tienen mercados cautivos o monopólicos», dirán las telefónicas y prestadoras del servicio de celulares.

También esperan turno las concesionarias de rutas y accesos por peaje. En los casos en que debieron hacer obra nueva -la red de accesos a la Capital Federal, por ejemplo-, las empresas se financiaron con créditos internacionales (obviamente, en dólares), pero deberán seguir cobrando en pesos.

Además, otra de las cuestiones que deberá dilucidar el futuro ministro del área es la deuda que tiene el Estado con los concesionarios del peaje por subsidios impagos, que se remonta a la época en que Domingo Cavallo era ministro de Economía y Carlos Menem presidente.

«Se nos complica mucho la situación por partida doble: debemos pagar las deudas en dólares, pero, además de tener la recaudación pesificada (y la deuda del Estado también), la cantidad de peajes cobrados se redujo 20% respecto del año pasado por la crisis», decía un empresario del sector.

En el «frente» petrolero, tampoco hubo demasiadas novedades. Cabe recordar, como reflejó este diario ayer, que el Estado quiere recaudar u$s 1.200 millones a través de retenciones a la exportación de crudo. El propósito de esta gabela era financiar en parte el desfase entre créditos en pesos y depósitos en dólares que tenía el sistema financiero; sin embargo, al anunciar el gobierno que se pesificarían esos depósitos, el aporte dejaría de tener razón de ser.

Sin embargo, ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que el gobierno avanzaría con su intención de aplicar retenciones, destinando los fondos a financiar otras necesidades del Estado.

El inconveniente, una vez más, es que todavía no se definió ni siquiera cuál será la alícuota de la retención; si bien el artículo 6° de la Ley de Emergencia Económica faculta al Ejecutivo a aplicarla por cinco años, deja para el decreto reglamentario la cifra. Duhalde, cabe recordarlo, reveló que esa alícuota rondaría 20%, suficiente para llegar a la meta de u$s 1.200 millones. Pero, de nuevo, no hay norma ni funcionario con quién hablar. «Ni siquiera tenemos fecha para empezar a conversar», coincidieron dos petroleros.