Privatizadas no irán a audiencias públicas

Las privatizadas de gas y energía eléctrica rechazarán la propuesta de suba de tarifas que les formuló el gobierno en los últimos días y tampoco aceptarán participar en una audiencia pública en la que se discuta el tema o se les pida una contrapropuesta. Esta posición frontal se corresponde con el mal manejo que el gobierno hizo del tema en los últimos días y, sobre todo, con los términos de una propuesta que, a primera vista, carece de sentido común. En términos simples, se les está ofreciendo a las privatizadas el mismo aumento que durante el gobierno de Eduardo Duhalde terminó frenado por la Justicia. Pero, a cambio de ese ajuste, que sería en febrero de 2005 y el único hasta 2007, se les pide a las compañías que hagan inversiones y que renuncien a los juicios multimillonarios iniciados contra el Estado nacional en tribunales internacionales. Se abre así un conflicto con las privatizadas en el peor momento, porque justamente el objetivo del gobierno era llegar a acuerdos con ellas, para cumplir, aunque sea parcialmente, el compromiso asumido con el Fondo Monetario de renegociar 39 de 62 contratos antes del 30 de junio pasado.

Julio De Vido

El gobierno entró en conflicto con las empresas privatizadas de gas y electricidad, aun cuando por lo menos en apariencia, tiene especial interés por llegar a algún tipo de acuerdo que le permita acercarse a las metas comprometidas con el Fondo Monetario, para que apruebe la tercera revisión antes de que empiece agosto.

La unidad de renegociación de los contratos envió la semana pasada a transportistas de gas y electricidad, y a algunas de las distribuidoras, una propuesta de renegociación de los contratos, que incluye un único aumento de tarifas en febrero de 2005 y ningún otro ajuste hasta diciembre de 2006, además de inversiones obligatorias y el compromiso de las compa-ñías de renunciar a los juicios contra el Estado nacional.

• Rechazo

Con mayor o menor dureza, en las compañías predomina la posición de rechazar la propuesta oficial. También hay coincidencia en que no participarían en una eventual audiencia pública en la que el gobierno presente su posición, y descartan la posibilidad de exponer en un ámbito de esa naturaleza una contrapropuesta para ser debatida por grandes usuarios y entidades de consumidores.

Un dato llamativo es que las privatizadas atribuyen los últimos movimientos al ministro de Economía, Roberto Lavagna, y al representante de éste en la unidad renegocia-dora, Gustavo Simeonof. Creen que Lavagna tiene el respaldo del presidente Néstor Kirchner, pero igualmente les extraña que el ministro de Planificación, Julio De Vido, haya quedado fuera, aun cuando hacia fines de mayo fue el que mantuvo las conversaciones iniciales.

Por el momento, la posición de las privatizadas parece unánime, pero no puede descartarse todavía que el gobierno modifique el ofrecimiento, considerando el rechazo que provocó. Las empresas que ya recibieron el documento oficial tienen diez días hábiles para responder, pero dadas las características de la propuesta, intervendrían los accionistas y distintos niveles dentro de los grupos societarios, por lo cual la respuesta podría demorarse más allá del plazo al cual quiere llegar el gobierno.

Las principales objeciones que plantean empresas eléctricas y de gas son las siguientes:

• Si a las productoras de gas (petroleras) se les dio un sendero de precios hasta la normalización en diciembre de 2006, a transportistas y distribuidoras de gas se debería dar lo mismo.

• El gobierno ofrece muy poco y pide mucho, sobre todo renunciar a los juicios en el CIADI que implican sumas millonarias.

• El ajuste que se autorizaría no alcanza, en el caso de algunas empresas, para pagar los intereses de la deuda.

• En las compañías con mayor endeudamiento, los acreedores podrían pedir la quiebra si advierten que hasta 2007 no podrán cobrar ni siquiera intereses.

• Es un acta transitoria por dos años que modifica los contratos con las empresas eléctricas, porque se están pidiendo inversiones, cuando en estas privatizaciones se exigen parámetros de calidad a cumplir, y no cifras o determinadas obras.

• Si hay un solo aumento de tarifas y una mayor exigencia de inversión, las condiciones del negocio empeoran. Es preferible no firmar nada.

Probablemente, los problemas que viene acumulando el gobierno, han dejado espacio para dos circunstancias nuevas. Por un lado, a diferencia de meses atrás, no parece pesar en las privatizadas la posibilidad de que un enfrentamiento con el gobierno las haga quedar como las victimarias ante el público. Por el otro, hay una tendencia a formar bloque, con la consigna corporativa de que «no pueden quitarnos la concesión a todos juntos».