Propuesta para devolver dólares

El gobierno intentó resucitar sin éxito el plan BONEX. Un proyecto que la Corte Suprema no podría declarar constitucional sin que sea contradictorio con su anterior fallo de inconstitucionalidad de la normativa derivada de la Ley de Reyes (aprobada el 5 y 6 de enero de 2002).

Cabe declarar que el famoso Fallo Peralta, que determinó la constitucionalidad del plan BONEX'89 no podría ser invocado en esta oportunidad para legalizar esta nueva versión. Esto se debe a que la Ley de Intangibilidad de los Depósitos, aprobada el año pasado y que protege a los ahorristas que hicieron depósitos hasta su suspensión por la Ley de Reyes, fue justamente sancionada con el objetivo de eliminar dicha jurisprudencia.

El nuevo plan contemplaba cuatro posibilidades:

a) los plazos fijos reprogramados en pesos serían canjeados compulsivamente por un bono a cinco años que se actualizaría por el CER, que pagaría una tasa de 3% anual y tendría el pago del capital a partir del segundo año. Esto implicará que para poder ver sus pesos cuando reciba el bono, el ahorrista deberá perder alrededor de 25% de su capital;

b) a los plazos fijos reprogramados en dólares se los cambiarían por un papel que será a 10 años, que empezará a pagar el capital en el tercero y que pagará LIBOR más 1%. Para poder juntarse con sus dólares al momento de recibir el bono, deberá resignar más de 80% de sus ahorros;

c) para algunos casos especiales se ofrecería un bono a seis años, que pagará el capital a partir del segundo año y tendrá una tasa de LIBOR+1%. Esto implica que perderán alrededor de 70% de sus ahorros si desean ver sus dólares nuevamente;

d) este último papel también sería ofrecido a los que quieran comprarlo a un tipo de cambio de $ 1,4 con sus pesos depositados en cuentas corriente y en cajas de ahorro. Además, tendrían el incentivo de que por cada u$s 100 que compre podría retirar en efectivo $ 60, que hoy cotiza a no menos de 8%. Por lo tanto, el rendimiento del bono sería menos de 40% anual, cuando existen papeles similares en el mercado con rendimientos superiores a 50% anual.

Los bancos compraban los BONEX que entregarían por los plazos fijos reprogramados con préstamos garantizados del Estado nacional. Esto significaba que le transferían el riesgo asumido por sus préstamos al gobierno a los depositantes que recibirán los nuevos títulos. Esto no parecía razonable, ya que cada entidad cobró en el costo de intermediación por asumir dicho riesgo, que ahora transfiere al ahorrista que no recibió pago alguno por ello.

• Pérdida

Por otro lado, se pretendía generar una demanda para los BONEX permitiéndoles a los bancos recibirlos en pago de deuda morosa y aplicarlos a la cancelación de los redescuentos que recibieron del Banco Central. Si la autoridad monetaria recibía los BONEX al valor nominal estará haciendo una pérdida por la diferencia en la cotización de estos títulos y los que tiene en cartera por los préstamos dados a las entidades financieras, que seguro valen mucho más. Además, bancos como el Provincia de Buenos Aires o el Nación eran los grandes beneficiarios de esta propuesta, ya que se sacaban de encima la cuantiosa cartera de malos préstamos otorgados y cancelaban el abundante financiamiento recibido del BCRA, un negocio redondo.

Por último, el plan BONEX pareció perecer cuando el gobierno pretendió que, además de comprar los bonos a entregar a los depositantes, los bancos lo garantizaran con cartera propia. Esto era absurdo, ya que los bancos iban a pagar al Estado para que se haga cargo de la deuda que tenían con los depositantes, pedirles que la garanticen era correr el riesgo de tener que abonarla dos veces.

A esta altura no quedan dudas de que este plan BONEX no hacía más que generar nuevas transferencias de recursos desde los depositantes y contribuyentes a otros sectores.

Una alternativa a este plan del gobierno es obligar al Estado a hacerse cargo de todo el subsidio implícito otorgado a los deudores en dólares (y no sólo de los $ 0,40 que se buscó compensar mediante los bonos Compensatorios) sin que dicho subsidio recaiga en los ahorristas en dólares, como sucede actualmente. Estimamos que el costo fiscal de esta medida sólo ascendería a alrededor de u$s 4.600 millones a abonarse desde principios de 2003 hasta el año 2005. Según nuestras estimaciones, esto significaría menos de 15% de los ingresos del Estado nacional en el momento de mayor exigencia, es decir el año entrante. Posteriormente descendería a 7% y, en 2005, a uno por ciento.

Para ello, se ordena a las entidades devolver los depósitos en la moneda originalmente pactada, pero según el cronograma de reprogramación existente. En tanto, el Estado entregará a los bancos un subsidio variable que buscará complementar los vencimientos de los depósitos reprogramados. Este capital variable será inicialmente equivalente a los $ 2 de diferencia entre los $ 3 de cotización del dólar a la fecha de hoy, que es lo que mantendrán como activo los ahorristas, y el $ 1 actualizado por el CER, que es lo que pagarán los deudores en dólares a los bancos, multiplicado por el total de depósitos reprogramados de cada entidad. En la medida en que el CER recupere terreno frente al dólar, el monto del subsidio irá disminuyendo, haciéndose nulo en el extremo en el cual la inflación minorista acumulada se equipare o supere el aumento del dólar acumulado.

El subsidio variable se instrumentará como un préstamo garantizado en pesos que devengará la misma tasa de interés y tendrá el mismo vencimiento mensual que los depósitos reprogramados en dólares a los que complementa. En cada vencimiento, el Estado pagará a cada banco la cuota complementaria correspondiente a los vencimientos de sus depósitos reprogramados. De esta forma, se lograría a un costo moderado, resarcir la tremenda estafa que significó la pesificación asimétrica para los ahorristas en dólares.

(*) Economista, socio y director general de EXANTE