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El plazo para el llamado a licitación, que fue prorrogado en dos oportunidades desde su fecha inicial de junio de 2004, fue postergado por tercera vez por decisión del presidente Néstor Kirchner, según consta en el decreto 1758/05, publicado hoy en el Boletín Oficial.
La nueva prórroga fue dispuesta "a los efectos de que se consolide la operatoria" de la sociedad Correo Oficial de la República Argentina, creada en junio de 2004 en la órbita de la Secretaría de Comunicaciones para prestar el servicio que tenía concedido la empresa que lideraba el grupo de Francisco Macri y a la que estaba asociada el Banco Galicia.
La compañía estatal se encarga desde entonces de todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía que prestaba Encotesa y el resto de las prestaciones de la ex concesionaria Correo Argentino, que incluía el servicio postal básico universal.
El Gobierno había quitado el 19 de noviembre de 2003 la concesión del correo a Macri por inclumplimientos contractuales, entre ellos una deuda con el Estado de $450 millones.
Esa fue la primera de las concesiones de nivel nacional que se concretaron durante la administración de Carlos Menem que el gobierno de Néstor Kirchner dio de baja en el marco de un proceso de revisión de los contratos de las prestatarias de los servicios públicos.
En julio de 1997 Menem adjudicó al consorcio integrado por el grupo Macri y el Banco Galicia el servicio de correo oficial por 30 años, gracias a a la oferta de pagar un canon semestral de 51,6 millones de pesos, superior a su otro competidor.
El consorcio ganador se había comprometido, además del canon anual de 102 millones de pesos, a invertir por lo menos 25 millones anuales durante la primer década de la concesión por 86 por ciento de las acciones que le corresponde, mientras 14 por ciento restante quedaba en manos de los empleados del correo por el Programa de Propiedad Participada (PPP).
Al anunciar la rescisión del contrato hace dos años, el ministro de Planificación, Julio de Vido, sostuvo que el concesionario cuestionó "sistemáticamente" al Estado "para condicionar la obligación de pagar el canon".
La empresa desplegó en estos años "gran cantidad" de reclamos administrativos y también "judiciales", con el propósito de "excusar dichas falencias e instalar la idea que podría aplicar la 'excepción de contrato no cumplido'", había recordado el ministro.
