El esquema fue incluido en la Ley de Modernización Laboral y prevé aportes de empleadores administrados bajo supervisión de la CNV.
El nuevo esquema busca garantizar el pago de indemnizaciones mediante aportes realizados por los empleadores.
El Gobierno nacional reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo contemplado en la Ley de Modernización Laboral que permitirá financiar las indemnizaciones por despido mediante fondos integrados por aportes de los empleadores. La medida quedó oficializada a través del Decreto 408/2026, que establece las pautas de funcionamiento, administración y utilización de los recursos.
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La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y fija las bases para la puesta en marcha del sistema, que estará destinado a empleadores del sector privado y será supervisado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). El objetivo es crear una estructura específica para garantizar el pago de indemnizaciones a trabajadores registrados.
El FAL funcionará mediante fondos especiales constituidos por los empleadores, cuyos recursos serán administrados a través de vehículos de inversión colectiva autorizados por la CNV, como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros.
Según explicó el decreto, “resulta pertinente la instrumentación de los Fondos de Asistencia Laboral a través de vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, tales como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros, que permitan la segregación patrimonial, la afectación específica de los recursos y la adecuada supervisión del régimen”.
La reglamentación también define quiénes podrán participar del esquema, las entidades habilitadas para administrar los recursos y los requisitos que deberán cumplir los trabajadores para acceder a la cobertura.
“Que, en ese marco, corresponde definir con precisión a los empleadores alcanzados, los vehículos de inversión colectiva autorizados y las entidades habilitadas para la administración de los citados fondos, las características de las cuentas individuales del empleador y los requisitos de registración de los trabajadores para acceder a la cobertura del respectivo Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”, agrega el texto oficial.
La reglamentación establece que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la responsable de percibir y derivar las contribuciones al sistema. Para ello, los empleadores deberán informar un identificador específico denominado "ID FAL", que permitirá asignar correctamente los aportes al fondo correspondiente.
Además, el decreto determina que los recursos administrados solo podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina, una decisión que busca canalizar esos fondos hacia el desarrollo de inversiones productivas dentro del país.
La normativa también fija los procedimientos para el cobro de las indemnizaciones. Una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación correspondiente, la entidad administradora deberá efectuar la transferencia de los fondos al trabajador.
En ese sentido, el texto dispone que los montos deberán acreditarse “dentro del plazo máximo de cinco días hábiles” desde la presentación de la declaración correspondiente.
Para acceder a la cobertura total del régimen, los trabajadores deberán encontrarse debidamente registrados y acreditar una antigüedad mínima de doce meses en los registros laborales.
Aunque el Gobierno avanzó con la reglamentación, el régimen no comenzará a funcionar de manera inmediata. El Poder Ejecutivo resolvió postergar su entrada en vigencia hasta el 1 de noviembre de 2026.
Hasta entonces, la Secretaría de Trabajo, la Comisión Nacional de Valores, ARCA y la Secretaría de Finanzas deberán elaborar las disposiciones complementarias necesarias para que el sistema pueda implementarse operativamente.
De esta manera, el Ejecutivo dio un nuevo paso en la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, incorporando un esquema que modifica la forma en que se financiarán las indemnizaciones por despido y que comenzará a desarrollarse en los próximos meses antes de su puesta en marcha definitiva.