El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, adelantó ayer que el gobierno destinará el año próximo $ 30 millones adicionales a controlar que las empresas no contraten personal en negro, y aclaró que la idea es «establecer un sistema mediante el cual todas las empresas, todos los años, sean inspeccionadas al menos una vez».
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Según destacó Tomada, el empleo informal se redujo 25% en las compañías que inspeccionó el Ministerio de Trabajo desde que comenzó su programa contra el empleo no registrado, sin necesidad de aplicar multas u otras sanciones a los empresarios. «Con la sola presencia de los inspectores, aproximadamente 25 por ciento de los trabajadores inspeccionados que estaban en negro pasaron a estar registrados», dijo el ministro, y agregó que el cambio se dio «sin necesidad de pasar a la segunda etapa, que es la sanción y la multa por la deuda» previsional. En otro orden, ayer Tomada al disertar en una reunión del Consejo Interamericano del Comercio y Producción sostuvo que la debacle económica y social que vivió el país a fines de 2001 no fue culpa de los políticos, sino de las políticas implementadas. Durante su monocorde disertación defendió al gobierno cuando se lo acusa de volver al pasado: «¿De quién fue la culpa de la crisis de 2001, de los políticos o de las políticas?», manifestó Tomada a lo que respondió que «como muchos países nos convalidan, la respuesta es: las políticas» aplicadas en los '90.
El funcionario reiteró el argumento del fracasode la teoría del «derrame» y dijo que ahora el modelo no sólo es de crecimiento equitativo, sino de desarrollo centrado en el empleo de calidad.
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