Remes Lenicov se opone al nuevo impuesto a empresas

Aunque rechazan la idea, Jorge Remes Lenicov y su equipo prepararon una versión para el impuesto a las empresas que supuestamente se beneficiaron con la pesificación de sus deudas en dólares, idea que Eduardo Duhalde lanzó unilateralmente el fin de semana sin consultar ni con su ministro de Economía ni con su jefe de Gabinete. Sólo se basó en recomendaciones de la Iglesia. Se gravaría con 5% a las compañías que no estén concursadas y que hayan tomado deudas por más de 3 millones de dólares en los últimos 5 años. También pagarían las que tomaron préstamos por u$s 2 millones o más, con una tasa de 3%. El problema que ven en Economía, si avanzara este proyecto que debería ser aprobado por el Congreso, es doble. Por un lado, se trata de un impuesto recesivo que afectaría a la inversión. Pero, además, se asegura que lo que se recaudará (aproximadamente 1.250 millones de pesos) sería descontado por las empresas del Impuesto a las Ganancias en el ejercicio 2002. Las compañías aseguran que están amparadas legalmente para tomar esta decisión y llevarían la cuestión a la Justicia. Esto provocaría que lo que ingrese ahora se perdería desde 2003, con lo cual el efecto sería neutro para la recaudación y malo para la inversión privada.

El Ministerio de Economía, a desgano y de una manera crítica, le presentará hoy a Eduardo Duhalde su versión del impuesto a las empresas con deudas pesificadas. Jorge Remes Lenicov y los hombres que lo asesoran llegaron a dos conclusiones.

• Un tributo de este tipo sería absolutamente distorsivo y contrario a cualquier intento de aumentar la inversión y la confianza jurídica en el país.

• El impuesto sería aplicado a las empresas que tomaron créditos por encima de los tres millones de dólares desde 1996 en adelante que fueron beneficiadas con la pesificación uno a uno, las que pagarían un impuesto de 5% sobre el monto del crédito obtenido. El préstamo será la base imponible del tributo, que podría ser aplicado con retroactividad a los últimos cinco años contando desde 2001. Calculan que el tributo podría recaudar entre $ 1.250 y $ 1.300 millones antes de diciembre de este año. Fuera del alcance del impuesto estarían únicamente los particulares que tomaron créditos por encima de los u$s 3 millones y las empresas que están en proceso de quebranto (concurso o quiebra). Este impuesto podría tener además una segunda versión, para las empresas que tomaron créditos desde 2 millones de pesos, pero con una alícuota menor, probablemente de 3 por ciento sobre ese préstamo. Un proyecto de este calibre debería ser aprobado por ley.

Esta idea de aplicar un impuesto a las empresas a las que se le pesificaron las deudas en dólares, surge de la imposibilidad de reglamentar un tributo a las «Ganancias Extraordinarias» de las grandes compañías. Este impuesto, que también había sido lanzado por Duhalde, fue luego descartado por la presión que desde el ministerio de Economía que dirige Jorge Remes Lenicov habían hecho sobre el presidente por los serios problemas legales y económicos que hubiera tenido la idea. Desde Hacienda se aseguraba, con total razón, que este impuesto habría generado una catarata de presentaciones judiciales en contra por la imposibilidad constitucional de aplicar tributos a las Ganancias en forma retroactiva. Como en la ideología de Duhalde figura en primer orden la necesidad de imponer impuestos a los que el Presidente considera los «ganadores» (en la práctica cualquiera que muestre un balance que no esté en rojo, no importa a qué se dedique) porque deben ser castigados, surgió esta segunda idea tributaria probablemente fruto de las conversaciones que se mantienen con parte de la Iglesia.

Altas fuentes del Ministerio de Economía aseguraban que se proponía este impuesto con la alícuota de 5% sobre los préstamos de u$s 3 millones tomados antes de la salida de la convertibilidad; pero bajo absoluta protesta. Se afirma que la propuesta se efectuó sólo porque el Presidente la ordenó luego de haberla hecho pública en el programa que tiene por Radio Nacional. Inclusive técnicos impositivos aseguran que legalmente las empresas podrían tomar ese costo tributario y descontarlo el año próximo del pago al impuesto a las Ganancias, sumándolo a 20 por ciento que las empresas pueden descargar como costo de salida de la convertibilidad, con lo cual los $ 1.250 millones ingresarían este año, pero se perderían desde 2003. Si en la reglamentación del impuesto se mencionara que esta alternativa es ilegal, en Economía se teme que los damnificados puedan recurrir a la Justicia amparados en la propia ley del impuesto a las Ganancias que autorizaría este des-cargo. Para evitar entonces que algún juzgado o directamente la Corte Suprema de Justicia falle a favor de las empresas y en contra del Gobierno, lo que se debería modificar es la propia ley de Ganancias.