20 de septiembre 2002 - 00:00

Respalda FMI decisión por bancos suspendidos

Montevideo (de nuestra agencia) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyará la decisión que las autoridades uruguayas adopten con los cuatro bancos que tienen la actividad suspendida, dijeron integrantes de la misión del organismo internacional que se encuentran en Uruguay.

Asimismo, el presidente Jorge Batlle afirmó que el gobierno no da por cerradas las actuales gestiones y que en caso de no lograrse apoyos externos, «se buscarán otros caminos y otras soluciones».

Oficialmente, además, se reiteró ayer que Uruguay cumplirá todos los compromisos de pago de su deuda externa, ya que cuenta con los recursos para hacerlo. Batlle adelantó que «no damos por cerrada ninguna gestión» y señaló que «es el interés del gobierno que existan bancos sólidos y que puedan atender no solamente la función crediticia en Montevideo, sino fundamentalmente en el interior».

• Plazo

El presidente dijo también: «Si podemos lograr los apoyos necesarios externos para abrir los bancos que tuvieron que ser intervenidos, lo haremos. Si no podemos hacer eso, buscaremos otros caminos y otras soluciones», agregó. El ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, también se refirió al tema, señalando que hay un plazo, el 6 de octubre, para que esas instituciones se capitalicen. «Hasta esa fecha yo no puedo decirles que van a abrir o que no van a abrir. Creo que hay que ser muy claro, cuidadoso y muy prudente en estas cosas porque hay muchas personas, muchos ahorristas, muchos trabajadores, muchas empresas a los que cada declaración los preocupa. No hay novedades sobre el tema, no hay que adelantar pronósticos», afirmó.

También la misión del Fondo Monetario Internacional, que se encuentra en Uruguay desde comienzos de esta semana, informó que una decisión acerca de los bancos suspendidos «corresponde solamente al gobierno uruguayo» y que el FMI la apoyará sin intervenir. El jefe de misión del organismo para Uruguay, Marcelo Figuerola, se reunió con representantes de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) y les informó de la postura del FMI. «Figuerola nos comentó que cualquier decisión que tome el gobierno uruguayo sobre los bancos suspendidos ellos la van a aceptar sin intervenir. Corresponde al gobierno definir si reabren las instituciones, sin tener que conseguir el visto bueno del FMI», dijo el dirigente sindical Juan Ramos.

Hoy retornan al Uruguay las autoridades de los bancos Comercial y Crédito, que negocian una salida para las instituciones. Se tratan varias opciones, que apuntan a dotar de liquidez a las instituciones, y se estima en fuentes financieras que habrá novedades la próxima semana.

A nivel oficial se reiteró, además, ayer que el Estado uruguayo tiene los recursos suficientes para honrar todos los compromisos de la deuda externa y que no se estudia una reprogramación de los vencimientos.

Las dificultades surgidas en la recaudación y el elevado déficit fiscal que persiste en las cuentas públicas han preocupado al sector financiero por el cumplimiento de los pagos de la deuda externa, pero en el gobierno se descartó ese extremo.

A comienzos de setiembre, el presidente del BCU,
Julio De Brun, en declaraciones al semanario «Búsqueda», había precisado que «se tiene tranquilidad en que la deuda pública es sostenible a largo plazo» y que, tras el ajuste previsto para 2003, esas dificultades se superarán.

• Vencimientos

En Uruguay hay vencimientos de deuda por u$s 500 millones en 2002 y u$s 1.200 millones en 2003 y se prevé para este año un déficit fiscal de 3,4% del PBI, todo lo que se deberá cubrir con reservas y recursos de los organismos internacionales. Se recibirán fondos de dichos organismos por u$s 3.000 millones, que permitirán atender todas sus necesidades de 2002 y 2003.

Pero en la medida en que se incremente el déficit en las cuentas públicas, ese panorama se complica, dicen los analistas.

En el programa que acompaña la carta de intención, que ahora tendrá revisiones mensuales en lugar de trimestrales, se proyecta una mejora en las cuentas públicas con una reducción del déficit que se prevé baje a 3,4% este año y a 1,5% en 2003. A fines de mayo, el Parlamento aprobó un fuerte ajuste fiscal, que reduce el déficit del Estado en unos u$s 220 millones, lo que acerca a la meta de 3,4% prevista para el ejercicio.

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