El Gobierno suspendió “hasta nuevo aviso” el registro de declaraciones juradas para la exportación de granos, como paso previo al anuncio de un incremento en las retenciones, que afectaría a la soja y todos sus subproductos. La medida fue criticada por las entidades agropecuarias, que hoy se reunirán con el ministro de Agricultura Luis Basterra.
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El Ministerio resolvió que “a partir del 26 de febrero y hasta nuevo aviso, el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) permanecerá suspendido en forma temporaria en todos sus efectos”. En dicho registro, las empresas declaran de manera anticipada al Estado las exportaciones. La suspensión se realiza, generalmente, en la previa a un aumento en los derechos de exportación. Y se espera que el anuncio sea inminente, ya que la Ley de Solidaridad otorga al Ejecutivo la potestad de subir en tres puntos porcentuales las retenciones para granos y sus derivados. Así, en lo que respecta a la soja, pasarían del 30% actual al 33%. En principio, la medida no afectaría al maíz y al trigo, que actualmente tributan 12%.
Las subas en las retenciones, aplicadas al principal generador de divisas que tiene el país, pueden considerarse la principal carta que tiene el Gobierno para exhibir ante el FMI en la búsqueda del equilibrio fiscal. De todas formas, la medida podría no tener el impacto que desea el Ejecutivo: según versiones extraoficiales, espera recaudar unos u$s800 millones extra al año. Sin embargo, tal como analizó la Bolsa de Cereales de Córdoba, dado que los derechos de exportación para la soja, el trigo y el maíz generan un ingreso de unos u$s5.700 millones, “la suba del 3% significa una recaudación adicional de u$s384 millones. “Podría haber sido mayor, pero no lo fue porque gran parte de la liquidación se dio previamente al aumento de los derechos a exportación”, detalló.
“La recaudación extra que aportaría la medida de subir retenciones estaría en el rango de u$s400 a u$s500 millones. Es decir, un valor esperado del orden de u$s450 millones y equivalente a 0,10% del PBI”, estimó el IARAF, quien detalló: “Dado que la suba de retenciones absorbe base imponible del impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta una alícuota efectiva promedio del impuesto a las ganancias del 20%, el impacto fiscal neto se reduce a un aumento de recaudación del orden de los u$s360 millones, equivalente a 0,08% del PBI. La suba de retenciones resta recaudación del impuesto a las ganancias, que va un 60% a Provincias y un 40% a Nación. Es decir que terminaría registrando un aumento potencial máximo de recursos del 0,09%”.
Las respuestas desde el sector agropecuario no tardaron en salir a la luz. “Esta situación genera mucha preocupación en el seno de la Federación Agraria Argentina”, indicó la entidad en un comunicado y agregó que “hoy nos sorprenden con el cierre del registro de exportaciones, que es y ha sido siempre la antesala de situaciones complicadas para los productores agropecuarios”. Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) indicó que la medida “sorprende y deja una profunda sensación de engaño”. “Mientras se espera para dialogar, se toman decisiones que no tiene retroceso, de lo contrario no se explica el cierre de un mercado. Es tiempo de tratar al sector productor sin chicanas y sin falsas reuniones sobre decisiones ya tomadas”, agregó.
En ese contexto, hoy desde las 16:30 Basterra recibirá a los representantes de la Mesa de Enlace. “En principio, vamos a escuchar a ver si tenemos respuesta a lo que hemos propuesto al presidente el 23 de diciembre. Veremos si recibimos alguna propuesta positiva, en base a la presión fiscal e impositiva que estamos sufriendo”, aseguró a este diario Jorge Chemes, presidente de CRA”. Como respuesta, el Gobierno ofrecería -según trascendió- bajar las retenciones para las economías regionales.
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