19 de septiembre 2005 - 00:00

Reunión clave hoy de Aguas (Suez se va en febrero)

La francesa Suez continuará hoy los pasos formales para retirarse de la concesión de Aguas Argentinas, empresa de la que se irá efectivamente en febrero próximo porque el contrato prevé 90 días hábiles para el traspaso. El gobierno espera que surjan interesados en adquirir las acciones a los franceses, y que éstos desistan del juicio ya entablado contra el Estado nacional por 1.700 millones de dólares. Sin embargo, pese al optimismo oficial, se advierten dificultadesen el proceso porque se trata de una operatoria delicada que requiere importantes inversiones y subsidios estatales en una concesión que ya tiene un pasivo que llega a los 600 millones de dólares.

José Luis Rodríguez Zapatero
José Luis Rodríguez Zapatero
Se reunirá hoy el directorio de Aguas Argentinas para tratar la moción del grupo francés Suez de iniciar el proceso de salida de la concesión. Está previsto que la decisión - que está descontado que se aprobará- será refrendada por una asamblea extraordinaria de accionistas que se realizará el próximo jueves.

Después de ese paso, la sociedad concesionaria debe comunicar formalmente al Estado nacional que se retira de la concesión, empezando un período de 90 días hábiles, según lo previsto en el contrato, para que se efectivice la salida.

De esta forma, en el trascurso de febrero a más tardar debe producirse el traspaso de la empresa local a nuevos accionistas o al Estado nacional. El gobierno manifestó que «lo mejor» sería que las acciones de Aguas Argentinas sean vendidas y que Suez mantenga la operación del servicio.


Según la óptica oficial, una salida de ese tipo evitaría el juicio del grupo francés contra el Estado nacional por 1.700 millones de dólares. Por eso el ejemplo que se toma es el de Electricité de France, que vendió la mayoría de sus acciones en Edenor al grupo Dolphin de Marcelo Mindlin, pero se quedó con una participación minoritaria y anunció que renunciará a litigar contra la Argentina en el CIADI.

Durante su viaje a Nueva York, el presidente Néstor Kirchner y miembros de la comitiva oficial dijeron que una empresa americana, tres bancos locales y Aguas de Barcelona que hoy tiene 25,01% de Aguas Argentinas, podrían constituir una sociedad y adquirir las acciones de la prestadora local.

• Pasivo

Estas declaraciones fueron bajando de tono durante el fin de semana, y volvieron a advertirse las dificultades de encontrar interesados, sobre todo, porque Aguas Argentinas tiene un pasivo de 600 millones de dólares que deberáafrontar y renegociar el nuevo concesionario.

La principal expectativa oficial está centrada en Aguas de Barcelona, pero esta empresa está controlada por Suez y ya dijo que se alineará con los franceses para retirarse de Aguas Argentinas. El 47,197% de Agbar pertenece a Hisusa, en la cual 51% es de Suez y 49% de La Caixa. La empresa gala tiene, además, 1,449% a nombre propio.


El gobierno espera que La Caixa intervenga para que Agbar se quede en el país. Se basa en la especial relación que la entidad catalana mantiene con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los funcionarios locales considerarían también que para La Caixa es importante mantener una buena relación con la Argentina, debido a su rol dominante en Repsol YPF y en Gas Natural BAN. Esos intereses serían todavía más significativos si prospera la oferta que en España lanzó Gas Natural para adquirir Endesa que en nuestro país controla Edesur, Central Costanera y El Chocón.

De todas formas,
La Caixa es una entidad financiera y no una operadora de agua, lo que explica su sociedad con Suez en Barcelona. Por otra parte, aun con los fuertes intereses de la entidad catalana en nuestro país, se afirma que una futura participación en Aguas Argentinas depende en primer lugar de que la empresa francesa se retire de manera « acordada» con el Estado nacional y en forma ordenada. Esto equivaldría a lo mismo que pidió un vocero del gobierno de Jacques Chirac la semana pasada: que «se respeten los intereses» de la empresa y se facilite una salida «ordenada» del país.

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