La norma fue aprobada el pasado 17 de septiembre. Ahora, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio para Ganancias simplificado, se limitan las revisiones del organismo recaudador y, además, se reducen multas formales para determinados contribuyentes.
Archivo. La ley de Inocencia Fiscal II comienza a regir desde este viernes.
El Gobierno promulgó en el Boletín Oficial la Ley 27.826, conocida popularmente como Inocencia Fiscal II. La norma constituye la segunda etapa de la reforma tributaria que comenzó en enero con la Ley 27.799 y busca incentivar la circulación de los ahorros que permanecen fuera del sistema formal.
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La normativa había sido aprobada por el Senado el pasado 17 de septiembre, con 44 votos a favor y 23 en contra. A partir de este viernes 9 de octubre, comienzan a regir los cambios sobre el sistema tributario.
La nueva legislación introduce cambios en cuatro áreas: el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, las condiciones para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda revisar declaraciones juradas, las multas por incumplimientos formales y las sanciones para empleadores rurales que no registren a sus trabajadores.
La ley modifica el artículo 38 de la Ley 27.799 y establece que pueden optar por el régimen simplificado las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país, de acuerdo con los términos de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Uno de los principales cambios es la eliminación de los topes de ingresos anuales y patrimonio que condicionaban el acceso a esta modalidad. Hasta ahora, el régimen establecía un límite de ingresos de $1.000 millones anuales y un patrimonio inferior a $10.000 millones.
A partir de la nueva normativa, quienes adhieran deberán acreditar residencia fiscal durante todo el período que declaren. Si ARCA determina que el contribuyente no cumplía con ese requisito, podrá excluirlo del régimen, fiscalizarlo, determinar de oficio el impuesto, liquidar las diferencias correspondientes y aplicar sanciones.
Sin embargo, la exigencia de residencia fiscal durante todo el año no se aplicará al período fiscal 2025. Además, la opción podrá ejercerse para los períodos iniciados desde el 1° de enero de 2025.
El principal beneficio del régimen es el denominado "tapón fiscal", que combina el efecto liberatorio del pago sobre el período fiscal base con la presunción de exactitud de las declaraciones correspondientes a los tres ejercicios anteriores. En la práctica, ARCA presume que lo declarado es correcto, salvo que encuentre una discrepancia significativa que justifique una revisión.
De esta manera, quienes presenten Ganancias por el período fiscal 2025 quedarán cubiertos respecto de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, siempre que no se configure alguna de las excepciones previstas por la ley.
La norma también establece condiciones particulares para los Grandes Contribuyentes Nacionales y los funcionarios públicos. Ambos grupos podrán utilizar el régimen simplificado para presentar sus declaraciones juradas y pagar el impuesto, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a los demás beneficios del sistema. En consecuencia, ARCA conservará la posibilidad de fiscalizarlos como a cualquier otro contribuyente.
La restricción alcanza a quienes ocupen u hayan ocupado, durante los cinco años anteriores a la adhesión o a la decisión de permanecer en el régimen, alguno de los siguientes cargos en la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires:
La posibilidad de que ARCA revise períodos fiscales anteriores está vinculada con la existencia de una discrepancia significativa. Si se configura alguno de los supuestos contemplados en la ley, el organismo podrá dejar sin efecto la presunción de exactitud que protege al contribuyente.
La normativa establece tres situaciones posibles y alcanza con que se cumpla una de ellas:
La ley también establece que la responsabilidad de demostrar la existencia de una discrepancia significativa recae exclusivamente sobre ARCA. Además, limita los elementos y las presunciones que el organismo puede utilizar para dejar sin efecto la presunción de exactitud.
La ley también incorpora disposiciones para facilitar el uso de fondos que permanecen fuera del sistema financiero formal.
Quienes adhieran al régimen simplificado deberán canalizar sus operaciones mediante los medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV). Sin embargo, la exigencia se considerará cumplida cuando el sistema financiero formal intervenga en el origen o en el destino de la operación.
La norma contempla, además, una situación específica: los pagos en efectivo realizados al momento de firmar una escritura pública sobre un inmueble, como ocurre con la compra de una propiedad, se considerarán válidos a estos efectos.
Hasta el 31 de diciembre de 2027, esos fondos también quedarán alcanzados por una de las protecciones previstas en el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley 27.799 para los contribuyentes que cuentan con la presunción de exactitud. A su vez, para el Impuesto sobre los Bienes Personales, el dinero se considerará incorporado al patrimonio en la fecha en que se concrete la operación.
La legislación introduce cambios en las obligaciones de bancos, escribanos y otros sujetos obligados por la Ley 25.246 de prevención del lavado de activos. A partir de ahora, deberán considerar la constancia de adhesión al régimen simplificado como un antecedente favorable al identificar y monitorear las operaciones de sus clientes.
De todos modos, esa consideración no elimina las obligaciones de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, ni los procedimientos de debida diligencia que deben cumplir las entidades y los profesionales alcanzados.
La Unidad de Información Financiera (UIF) tendrá 15 días hábiles desde la entrada en vigencia de la ley para dictar las normas complementarias. Por su parte, ARCA deberá habilitar consultas automatizadas mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API), para que los sujetos obligados puedan verificar si una persona está adherida al régimen, fue excluida o solicitó la baja.
La Ley de Inocencia Fiscal II también reduce las multas formales, que se aplican por incumplimientos de obligaciones administrativas, como no presentar una declaración jurada en término o no cumplir con un requerimiento de información, incluso cuando no exista un impuesto impago.
La norma contempla dos reducciones:
Para acceder a la reducción extraordinaria, el contribuyente deberá cumplir con la obligación formal que originó la multa antes de acogerse al beneficio o hacerlo simultáneamente.
La adhesión también implica aceptar sin condiciones el resto de la sanción, renunciar a cualquier reclamo y asumir las costas si existía un litigio. Las multas que ya fueron pagadas no serán devueltas. ARCA tendrá un plazo de 30 días para reglamentar estas disposiciones.
Por último, la ley actualiza las sanciones para los empleadores rurales que no se inscriban en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) o que no registren los contratos laborales.
Las multas se dividirán según la gravedad de la infracción:
En caso de reincidencia, los montos podrán incrementarse hasta un 50%. A partir de 2027, las sanciones se actualizarán anualmente de acuerdo con la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).