Se trata de la principal política del oficialismo para reactivar la economía, persiguiendo un objetivo de maximización de la renta en los sectores de mayor productividad.
El Gobierno busca impulsar la producción de petróleo con una vision de maximización de la renta.
Con el objetivo de impulsar la actividad económica a través de la inversión privada, el Gobierno reglamentó este viernes el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El mismo establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para empresas de sectores estratégicos.
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Dado que el objetivo de maximización de la renta es el que rige los incentivos que el oficialismo busca dar con esta medida, pocas son las obligaciones que tendrán las compañías que adhieran al régimen.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) está orientado a grandes proyectos de inversión, que excedan los u$s200 millones, dentro de estos sectores considerados estratégicos: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y el rubro de petróleo y gas.
Para la mayoría de los sectores la inversión mínima elegible es de u$s200 millones. Sin embargo, en sectores más complejos o con mayores riesgos, como el de hidrocarburos, los requisitos son más altos; aquí las inversiones destinadas al transporte y almacenamiento deben superar los u$s300 millones, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren una inversión mínima de u$s600 millones de dólares.
Con estos requisitos ambiciosos, el Gobierno busca, por un lado, que los proyectos adheridos al régimen sean lo suficientemente grandes como para tener un impacto significativo en la economía. Además, prioriza inversiones de largo plazo que contribuyan a que el crecimiento económico se sostenga en el tiempo.
Las empresas que estén interesadas en adherirse al RIGI tendrán hasta agosto de 2026 para hacerlo, con la posibilidad de que el plazo se extienda un año más si el Gobierno lo considera necesario. Con este amplio plazo mínimo de dos años, se busca darle tiempo a las empresas para que planifiquen y estructuren adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Las empresas deberán presentar un plan detallado de inversión que contemple las etapas del proyecto, incluyendo el cronograma de inversiones y la estimación de los recursos que serán destinados a cada fase.
El RIGI otorga un amplio abanico de incentivos fiscales, como la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), que son las entidades creadas exclusivamente para llevar adelante un único proyecto de inversión, la devolución de saldos a favor de IVA en un plazo máximo de tres meses, Además, se permitirá el cómputo del 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
Paralelamente, las empresas adheridas al RIGI tendrán arancel cero para las importaciones de bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para llevar adelante el proyecto y durante los primeros tres años del proyecto estarán exentas del pago de derechos de exportación.
En materia cambiaria, el régimen establece que durante los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas generadas. Este porcentaje aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto año.
Para mantenerse dentro del RIGI las empresas deberán haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos computables dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud de adhesión. Además, deberán cumplir con los cronogramas de inversión establecidos en su plan original.
El incumplimiento de estos requisitos puede llevar al cese de los beneficios, aunque este no tendrá efectos retroactivos, lo que significa que las empresas no tendrán que devolver los incentivos ya recibidos.
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