Se agrava todo: tendrán que pagar con reservas

Hans Tietmeyer podría decirse que es el «Greenspan europeo». A diferencia del prestigioso y tan influyente norteamericano que aún hoy preside la Reserva Federal de Estados Unidos, Tietmeyer está alejado de la función pública tras diez años de presidir y remodelar totalmente el Bundesbank (el banco central alemán, el más importante de Europa). Tan poderoso es este germano que con sólo una opinión suya a favor evitó que fuera juzgado Helmut Kohl, premier alemán durante 16 años acusado de un manejo sucio en la financiación de sus campañas políticas. Tietmeyer impuso las metas monetarias y financieras que permitieron a la Comunidad Económica Europea firmar el Tratado de Maastrich, que puso en marcha el euro como moneda única para la mayoría de los países miembros.

También es famoso por una conocida frase: «Si 80% de los alemanes votara en contra de lo que dice el Bundesbank, más todavía hay que hacer lo que este banco rector dice, porque así se reforzaría su independencia». Claro, Tietmeyer presidía un «Banco Central» como aquí sólo se conoció con Pedro Pou hasta que lo derrocaron las intrigas de Elisa Carrió y la intemperancia de Domingo Cavallo.

Ahora bien, este gran influyente en la opinión europea y mundial estuvo estudiando el caso argentino porque viajó aquí con los notables, un calificado grupo de financistas mundiales que analizó, en julio pasado, la situación de nuestro país frente a las exigencias del Fondo Monetario. O sea que Tietmeyer sabe, es famoso, se interiorizó del caso argentino, y declaró ayer: «La Argentina se convirtió en un país insignificante y probablemente lo sea para siempre. La culpa de esto la tienen sus dirigentes políticos. Desde ahora, el futuro de Latinoamérica depende sólo de Chile, México y Brasil. De ninguna mane-ra la crisis de Brasil se puede comparar con la de la Argentina, porque la brasileña es una de las 10 economías más serias y pujantes del mundo».

Es un mazazo porque se sumó a lo que dijo también ayer Anne Krueger sobre los vencimientos próximos de nuestro país con el Banco Mundial, 802 millones de dólares entre capital e interés, y el BID, otros 52 millones similares. Ambos en octubre: «Si el país la (Argentina) no cumple con sus obligaciones, tendrá que afrontar los castigos establecidos para estos casos. Recomiendo recurrir, si es necesario, a sus propias reservas. Esto es así porque los argentinos tienen posibilidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, pero no logran consenso político para tomar las medidas necesarias. Entonces, cualquier acuerdo va a ser con el próximo gobierno», señaló Krueger. Los «castigos establecidos» por incumplir con tales organismos es la expulsión automática por sus estatutos.

¿Qué significan tremendas declaraciones? Hasta ahora se descontaba que el Fondo no le iba a dar un acuerdo a la Argentina como el que le otorgó a Brasil por 30.000 millones de dó-lares mientras subsistiera el gobierno Duhalde. Pero que sí le iba a ir dando renovación de los vencimientos con organismos internacionales con los cuales el país no está en default, como sí con los acreedores privados internacionales y locales.

Pero ahora resulta que tampoco logrará eso el gobierno Duhalde. Tendrá que pagar desde las reservas.

Cabe recordar que en Basilea el titular del Banco Central, Aldo Pignanelli, había informado (se desconocía aquí en detalle) hace 10 días que del total de caída de reservas por 4.950 millones de dólares, entre enero y julio pasados, 3.400 millones fueron para pagarles vencimientos a organismos internacionales. Ahora habrá que pagar más.

¿Por qué tanta dureza que se suma a las del implacable norteamericano Paul O'Neill, secretario del Tesoro, que dijo que «no voy a estar a favor de destinar dinero en asuntos que no tienen sentido» en clara alusión a la Argentina? Porque como país desesperamos al mundo. Nuestros políticos hablando siempre de populismos desesperan. Que un medio de prensa («Clarín») haya convencido a un Congreso Nacional en sancionar una ley de quiebra insólita en cualquier país del mundo, que después ese mismo Congreso tuvo que derogar, no lo pueden creer en los países serios. Ni que ahora el mismo medio quiera imponer una «ley cultural» para sus intereses. Que un país tenga normas constitucionales tan absurdas que impiden bajar sueldos a empleados públicos y si se lo hace por absoluta necesidad fiscal luego hay que devolvérselos y destrozar las metas de emisión monetaria o de endeudamiento con dólares. Que bancos oficiales hayan dado créditos a empresas insolventes por 1.200 millones de dólares simplemente por amistad con gobernadores bonaerenses. Que las empresas privadas no puedan hacer despidos aunque pierdan plata en esta época. Que existan regímenes laborales especiales incompatibles con la mínima racionalidad. Que sobren 350.000 empleados públicos y sean into-cables. Que la salud de la población esté mayo-ritariamente en manos de sindicatos que le extraen fondos al gobierno para su propio enriquecimiento disimulado en Obras Sociales. Que cada radicación de una inversión requiera una coima a funcionarios. Que haya 24 Cortes Supremas de Justicia en otros tantos distritos. Que los políticos se consuman 2.000 millones de pesos por año y empleen el cargo público como sostén de sus «punteros», fundamentalmente en organismos asistenciales como ANSeS y PAMI. Que haya más legisladores en proporción de habitantes que en los Estados Unidos. Que haya sido todo vítores y fiesta en el Congreso cuando se anunció el default. Que en las cárceles se deje salir presos a robar o que se les pague tan mal a los policías para que terminen delinquiendo. Que haya 4 maestras por cada puesto. Que impongamos control de cambios. Que tengamos 50% de evasión impositiva. Que no tengamos sistema financiero funcionando. Que cualquier grupo «piquetero» corte calles y rutas sin reacción oficial. Que las sanciones en el Parlamento deban ser compradas, por particulares y por gobiernos. Que no nos importe tener déficit presupuestario. Que tengamos «jubilaciones de privilegio» y jubilados legalmente a los 45 años. Que 90% de la fuerza laboral en muchas provincias sea empleados públicos.

O'Neill, Krueger y Tietmeyer no se pronuncian con tal crudeza por hechos circunstanciales que observaron sino por un país desquiciado que necesitaría una reforma de cuajo. No comprenden -el mundo no comprende-, que ante una crisis terminal los políticos argentinos crean que es una encrucijada más que se salvará con «más prestamos de afuera» cuando la deuda externa llega ya a 147.000 millones de dólares. Ni pensar en un acuerdo de aspirantes a presidente: los que firmaran les darían el argumento a los otros para endemoniarlos.

También piensan que la Argentina no se salva, mientras subsistan tantas anomalías, con sólo un cambio de gobierno en un país donde la oposición es salvaje y está esperando que alguien encare soluciones de fondo a alguno de sus dramas para hacer demagogia. O sea, ven un país inviable donde la corrupción, la demagogia, el desprecio al manejo cuidadoso de los fondos públicos desde el Estado es la norma del político autóctono.