Se temen cambios impositivos para compensar $ 2.000 millones

El estado imaginaba fuertes ingresos por el cambio de la jubilación privada a la estatal; fracasó en su intento: ahora debe cubrir el faltante. Se afirma que en la AFIP revisan viejos proyectos de nuevas o más imposiciones, a pesar de que Martín Lousteauanunció que no desea reformas tributarias. Como siempre, hay que esperar condenas a los contribuyentes.

Sergio Massa

Los afiliados a las AFJP tienen los últimos tres días para decidir si se quedan en el sistema de capitalización o pasan a depender del Estado a través del sistema de reparto. Sin embargo, el traspaso no es definitivo ya que cada cinco años, se podrá elegir nuevamente.

Si bien el plazo para volver a ejercer la opción es elevado, se trata de un privilegio que hasta el momento no existía y que se logró a partir del 12 de abril de este año, cuando la reforma previsional entró en vigencia. Hasta entonces no se permitía que la gente se pasara del sistema de capitalización al de reparto.

Sin embargo, aunque la reforma sea una buena noticia para los jubilados y brinde la sensación de libre decisión, no deja de apuntar a otros objetivos que están más cerca de lograr buenos resultados económicos en un año electoral, inflando las arcas fiscales, que generar beneficios sociales.

De acuerdo a los últimos datos de la ANSeS, que hasta diciembre dirigió Sergio Massa, hasta fines de octubre ingresaron 1.832.179 personas a la página Web de ese organismo, donde las personas pueden encontrar el formulario para realizar el traspaso. Pero de ese total, sólo hicieron efectivo el trámite 904.495 personas.

Más allá de estas cifras oficiales, lo cierto es que el gobierno esperaba que se concretaran no menos de 3 millones de traspasos hasta el 31 de diciembre -1,5 millón de aportantes- y con ellos, un incremento en las arcas fiscales clave para los primeros meses del nuevo mandato.

De esta manera, se estima que los traspasos jubilatorios desde el sistema de capitalización al de reparto aporten unos $ 10.000 millones en total por todo el 2007 a los ingresos corrientes. Así, el superávit fiscal de este año estará sobreestimado y los analistas se están preguntando cómo hará el gobierno para superar durante 2008 los 3,5 puntos de superávit en las cuentas fiscales.

Pero más allá de los traspasos que esperaba el gobierno, existen datos que demuestran una realidad diferente. Según las cifras extraoficiales que maneja el Correo Argentino y la empresa OCA, los 3 millones de aportantes se reducen a un total de 700.000 personas, medidas a través de los trámites legales que fueron completados, enviando un telegrama a través del correo público o privado.

De esta forma, la diferencia entre lo que el Estado esperaba recaudar por los 3 millones de traspasos y lo que realmente va a recaudar con los 700.000 le restó $ 1.500 millones. Ahora, y como los $ 1.500 millones o 2.000 millones estaban presupuestados (y no se recaudarán), el gobierno está necesitado de desempolvar viejos proyectos sobre los que siempre se insiste. Más puntualmente, gravar la renta financiera. La otra salida sería ajustar el gasto, algo que es mala palabra para el oficialismo.

Quienes optaron por abandonar el sistema de capitalización, en su mayoría son empleados públicos. También se han generado juegos políticos desde los gremios -un ejemplo claro es el del camionero Hugo Moyano- aprovechando el año electoral y tratando de ganarse la confianza de la nueva mandataria, convenciendo a los empleados a optar por el Estado nuevamente.

De todas formas, las AFJP registran en la actualidad casi 11 millones de afiliados, aunque sólo 4,5 millones son aportantes efectivos.