Unas 35.000 empresas que realizan actividades riesgosas para el medio ambiente estarán obligadas a contratar un seguro cuyo monto oscila entre $ 120.000 y $ 50 millones anuales. Así lo informó ayer la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, al explicar la Resolución 1.398 publicada a fines de setiembre en el Boletín Oficial.
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La decisión ya provoca fuerte resistencia sobre todo en el sector de las estaciones de servicio, que tienen un reducido margen de rentabilidad por las regulaciones sobre los precios de los combustibles, y aseguran que no podrán afrontar este nuevo costo.
Con la norma, la Argentina se convierte en el primer país del mundo en establecer este tipo de obligaciones, que afectará desde papeleras artesanales hasta empresas mineras y petroleras. Pero la disposición se concreta en un momento de fuerte incertidumbre para las empresas, cuando se espera una caída en el nivel de inversión.
Lo llamativo es que coincidentemente, la Unión Europea debió debatir arduamente ayer para mantener el cronograma de medidas destinadas a afrontar el cambio climático, en medio de la recesión global. No obstante, según los funcionariosargentinos, «hay mucha penetración del seguro ambiental en Europa, que no es obligatorio, pero en la Argentina los legisladores entendieron que hacía falta que fuera obligatorio».
Pólizas
La Resolución 1.398 permitió hacer operativa la obligación que establece la Ley General del Ambiente (Ley 25.675 de 2002), al permitir al sector asegurador ofrecer pólizas en el mercado, destrabando el último impedimento para aplicar la norma. Según el artículo 22 de la ley, el que realice «actividades riesgosas para el ambiente deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudiera producir». La norma habilita a que «según el caso y las posibilidades, se pueda integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación».
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