Serio: costo fiscal por la energía llega a u$s 600 millones

Al tiempo que en la Casa de Gobierno se lanzaba el plan de energía, desde el Ministerio de Economía se comenzaban a cerrar los primeros números oficiales sobre el costo fiscal de la crisis. Si bien se sabe que esta cifra está en pleno análisis, ya se anticipa que las pérdidas para las cuentas públicas tendrán un piso de u$s 600 millones y que incluso podrían llegar a u$s 1.200 millones este año. No es el único dato negativo y preocupante que se conoció ayer. Analistas privados hablan de que la crisis puede provocar que se recorte hasta la mitad del crecimiento esperado para todo el año en el sector industrial y que, mientras dure el invierno, el promedio diario de empresas -a las cuales se les recortaría el suministro- no bajarían de los 200 casos.

El ministerio de Roberto Lavagna debería tener una estimación sobre el costo fiscal de la crisis energética ya definida, para cuando lleguen en junio los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que comenzarán a evaluar la tercera revisión del acuerdo que se firmará en setiembre del año próximo. Hasta ese momento, no habrá ningún dato público. Sin embargo, parte de la pérdida fiscal que tendrá el gobierno ya ha sido calculada en el Palacio de Hacienda, e incluye los acuerdos para la importación de combustibles y energía desde Venezuela, Bolivia y Brasil, que según las estimaciones de técnicos que trabajan con Lavagna tendrían un piso de u$s 600 millones. De las tres operaciones, la más costosa será la compra de fueloil (más caro que el gas) a Venezuela, que más allá del anuncio de la reexportación de carne (técnicamente, chuletas), la Argentina deberá abonar alrededor de u$s 500 millones si es que se mantiene la actual demanda de gas y si se aplica el precio del combustible para las terminales de Central Puerto y Central Costanera (ya definidas), Piedra Buena, Sorrento, Pilar y Plaza Huincul.

• Gas y electricidad

En el caso de la compra de gas a Bolivia -y siempre que se mantenga el precio de corte durante 12 meses-, el costo fiscal estimado oficialmente alcanzará los u$s 50 millones. Sin embargo, el acuerdo con el gobierno de Carlos Mesa tiene una duración de seis meses pues depende del resultado del referéndum en Bolivia que se realizará el 18 de julio. Sin embargo, si el precio del gas sufre un aumento posterior, el costo final podría llegar a los u$s 80 millones.

La tercera operación, cuyo costo tiene en cuenta el gobierno, es la licitación para comprar energía eléctrica a Brasil. Luego del acuerdo del gobierno de Néstor Kirchner y del de Luiz Inácio Lula Da Silva de marzo de este año (que abarcará el período primero de junio y el 30 de noviembre), en Economía ya estiman que esta compra tendrá un impacto en las cuentas públicas de u$s 40 millones totales.

Si se suman las erogaciones estimadas de las tres operaciones, se llegaría a un costo fiscal de u$s 600 millones como piso, número al que habrá que sumarle el costo de los fondos fiduciarios que se tendrán que formar para las obras de infraestructura que se comenzarán a construir en los próximos 18 meses, junto con los prestamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se destinarán para estos proyectos.

No hay datos cerrados, pero se estima que el costo no será menor a los u$s 400 millones y que podría llegar a los u$s 700 millones. Quiere decir que la crisis tendrá un impacto fiscal que será menor a los u$s 1.000 millones y que incluso podría llegar a un piso de u$s 1.200 millones.

Fuera de las estimaciones oficiales, entidades privadas ya están haciendo sus propias mediciones sobre las consecuencias reales de la crisis que afecta a la economía. Según cálculos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), y a partir de la visión de Fernando Navajas, las restricciones en el suministro del gas y el eventual cambio de combustible provocarían una baja del PBI industrial de hasta 4 puntos, si es que la crisis no se agudiza. Si se tiene en cuenta que este año la proyección de aumento de la variable es de algo más de 8%, la crisis podría hacer perder la mitad del crecimiento estimado para la industria para 2004. Si, además, se tiene en cuenta que el sector manufacturero representa casi 35% del total de la economía argentina, la pérdida sería superior-a 1% del PBI, que en algún momento había calculado el Banco Central que dirige Alfonso Prat-Gay.

Los privados hablan asimismo de otro dato. Siguiendo los números que aparecen diariamente en la página de Internet del ente oficial Enargas, el promedio de cortes en el suministro a la industria se mantiene entre las 200 y las 240 empresas, ritmo que continuaría en los próximos meses, especialmente durante los días de bajas temperaturas. Si este nivel llegara a incrementarse, las pérdidas podrían ser aún mayores.

En todas estas mediciones, no se tienen en cuenta otras pérdidas adicionales provocadas por la crisis, como la caída en los niveles de producción de automóviles y equipos vinculados al GNC, además del costo del plan de racionalización de energía que implica un subsidio encubierto y los efectos generales sobre la inversión industrial.