Siete días para poco probable acuerdo con el Fondo Monetario

El Fondo Monetario quiere tener el próximo 20 de agosto el acuerdo con la Argentina para aprobarlo en la reunión del directorio del organismo, el 2 de setiembre en Washington. Así, tendría resuelto el primer problema serio que es el vencimiento el 9 de setiembre de 2.900 millones de dólares. El Fondo -y la política para el continente de Estados Unidos- no puede lanzar a los argentinos a los brazos de una izquierda, porque logró mucho, pero no está seguro del futuro ortodoxo de Lula Da Silva y espera sacar, para que sirva de ejemplo (aunque tiene petróleo abundante, que no es para cualquier país) en el próximo plebiscito, a Hugo Chávez de Venezuela. No quiere más riesgos de amantes del castrismo, sobre todo porque quizás a fines del año próximo tenga otro con vocación de izquierda en el gobierno de Uruguay, como es Tabaré Vázquez. Si no fuera por esta perspectiva, Estados Unidos, y sobre todo, Europa dejarían derrumbar totalmente a la Argentina. Pero igual no se los ve dispuestos a regalar mucho en la gestión del acuerdo, que será sólo de reposición de fechas de vencimientos sin plata fresca. La variedad ahora es que el gobierno Kirchner quiere un acuerdo por 3 años, o sea el ideal para cualquier economía y cualquier país. Antes quería uno corto para no comprometerse mucho políticamente y perder imagen en elecciones provinciales continuas hasta fin de año. Pero ahora cambió. Con picardía, quiere el nuevo gobierno nacional un acuerdo largo para ir cumpliendo las metas de recaudación del Estado y de control de emisión monetaria y no meterse en las reformas estructurales de fondo, con lo cual iría ganando tiempo. El gobierno cree que sin apretar mucho puede hacer queridas y populares las ideas de izquierda, algo que el peronismo retrasó en la Argentina más que en otros países del mundo. El Fondo, a su vez, está al revés. Había dado un «miniacuerdo» -el actual que vence el 31 de agosto- para facilitar que la gestión Duhalde llevara adelante la elección de un nuevo gobierno con cierta paz y resultara ganador un presidente que pondría fin al odiado y desesperante diálogo del exterior con el ministro Roberto Lavagna, un especialista en postergar siempre todo. Ni imaginaba el Fondo -ni prácticamente nadie- que resultaría ganador un casi desconocido gobernador del Sur, para colmo con ideas de centroizquierda (y más de izquierda que de centro) que, además, mantendría en su puesto al odiado por el exterior, Lavagna. Con esta perspectiva, el Fondo, aunque esté dispuesto a ser «bueno», no cree ahora que se pueda hacer un acuerdo de largo plazo, salvo un milagro de que el postergador Lavagna (con mucho menos respaldo ahora que con Eduardo Duhalde) aceptara condiciones en serio (aumento de tarifas inmediatas, reformas estructurales de fondo, pago a acreedores privados, un superávit fiscal que, exigido a 4,5%, no está dispuesto el Fondo a bajar a menos de 3,5% por lo menos para el primer año, etc.). Por eso en estos 7 días se buscará lo casi imposible: un acuerdo a cumplir de 3 años con el Fondo cediendo el gobierno casi nada. Se cree que se paga el vencimiento de setiembre con reservas -no lo perdonaría la izquierda nativa- o se salva a la Argentina del default total (hoy limitado a privados) con otro miniacuerdo. Lo cierto es que comienzan los días más cruciales desde que Kirchner asumió la Presidencia. Los que le exigirán más definiciones que no hacen a las cortinas o pintura del hogar sino a los cimientos. Por última vez, quizá, Roberto Lavagna podrá juguetear con prórrogas.

¿Habrá incremento inmediato de tarifas o se avanzará con un esquema de aumentos graduales, supeditados a la renegociación de los contratos? Este será el tema central que desde hoy discutirán el FMI -que busca imponer el primer criterio- con el equipo económico, que prefiere postergar definiciones que tengan un alto costo político.

Uno de los argumentos que esgrime el ministro de Economía, Roberto Lavagna, es que la revaluación del peso que se produjo en 2003 mejoró la posición de las privatizadas (ya que aumentaron la facturación en dólares), por lo cual la discusión tarifaria dejó de ser un tema prioritario.

En todo caso, se reconoce la urgencia sólo de un par de sectores, como el gasífero y el eléctrico, aunque en ningún caso se avalarían aumentos superiores a 10%. Además, se insiste con la necesidad de aplicar la denominada «tarifa social» para que no impacte en los sectores de menores recursos.

De cómo termine la negociación sobre la cuestión tarifaria dependerá el apoyo de los países europeos que tienen participación de peso en el directorio del FMI, como Francia, Alemania e Inglaterra.

La discusión ingresará ahora en el terreno de definiciones políticas entre el Fondo y el equipo económico, incluyendo la redacción del borrador de la carta de intención del acuerdo. Con respecto al cronograma establecido entre ambas partes, para el próximo miércoles 20 de agosto debe quedar redactado el texto definitivo para su posterior aprobación en el directorio que preside Horst Köhler en el FMI. Otra de las dudas centrales vinculadas al acuerdo es su duración: ¿será a tres años como reclama el Fondo o como máximo se buscará extenderlo a un año, ante los problemas para acercar posiciones?

Además de las tarifas, también se incluirá en la discusión el nivel de esfuerzo fiscal que deberá comprometer el gobierno hasta 2006, la determinación de los bancos insolventes que hay en el sistema y la quita que sufrirán los acreedores argentinos con bonos en default.

Las negociaciones serán encabezadas directamente por Lavagna, y el representante permanente del FMI en la Argentina, John Dodsworth. Durante la semana pasada hubo encuentros entre el staff del FMI y funcionarios de segunda línea del Palacio de Hacienda y el Banco Central, donde se repasaron las cifras fiscales y monetarias. Pero ahora la discusión dejará en un segundo plano las cuestiones técnicas e ingresará en un terreno de definiciones políticas.

El tiempo estipulado para redactar el borrador es un verdadero récord, considerando que en la última negociación con el FMI la redacción del acuerdo demandó nada menos que seis meses de idas y vueltas entre Washington y Buenos Aires, ante la imposibilidad de acercar posiciones en temas clave para lo que resultó siendo un «miniacuerdo», por el plazo y por el bajo nivel de exigencia.

«En Economía vamos a endurecer al máximo nuestras pretensiones y el Fondo esperamos que haga lo mismo. La cuestión es dónde encontramos el término medio para que esto pueda salir adelante», explicaban ayer en el palacio de Hacienda.

La carta que el jueves envío el comisario de Comercio de la Unión Europea, Pascal Lamy, a Lavagna reveló la impaciencia que existe entre los países del G-7 por las indefiniciones de la Argentina. Allí se reclamaba la necesidad de acelerar la renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos y la compensación a los bancos. Además, denunciaba un «maltrato» del gobierno a las compañías extranjeras que invierten en la Argentina.

Según el cronograma que ya había definido Lavagna con el propio Dodsworth, una vez culminado el borrador, la carta de intención pasará al análisis del directorio del Fondo, que le daría el visto bueno en la reunión del 2 de setiembre, cuando ya hayan culminado las vacaciones en el organismo.

• Vencimiento

El apuro tiene su razón de ser: el 9 de setiembre vence un pago impostergable de u$s 2.900 millones con el Fondo, que sólo podrá afrontarse si se renegocian los vencimientos con los organismos internacionales.

Este es otro de los puntos sustanciales que incluye la negociación: la refinanciación de deudas por u$s 15.000 millones con el Fondo (vencimientos de capital) entre setiembre de 2003 y diciembre de 2006, aunque no podrá evitarse la cancelación de unos u$s 2.500 millones de intereses que caen en ese período.

Por supuesto, también se discutirá respecto al plazo que tendrá el acuerdo. Tanto desde el FMI como en Economía aseguran que será un compromiso de «mediano plazo», que llegaría a los tres años. Pero continúa siendo una cuestión a negociar, sobre todo porque no está claro que ambas partes puedan ponerse de acuerdo respecto a los puntos centrales que deberán incluirse en el acuerdo.

En cuanto a los temas en discusiones, por aquí pasarán los aspectos centrales:

• Nivel de superávit primario: mientras que en Economía insisten con un valor que no supere 3% del PBI, en el Fondo quieren que el ahorro fiscal se acerque a 4%. La fórmula que está cercana a encontrarse es arrancar en 2004 en el nivel que desea Lavagna, pero que iría creciendo hasta llegar a 2006 a niveles más cercanos a los pretendidos por el FMI. No habrá requerimientos de aumentos impositivos, pero esto depende de que se logre cumplir con los objetivos de recaudación que se establezcan.

• Renegociación de la deuda: será incluida como condición del nuevo acuerdo y el nivel de quita que se disponga dependerá, en buena parte, del nivel de superávit que consiga el gobierno en las cuentas públicas. La exigencia del Fondo es que se avance rápido y que a fines de año ya esté cerrada la operación.

• Consolidación de la seguridad jurídica: incluye temas diversos, como avanzar con la compensación a los bancos, no prorrogar nuevamente las ejecuciones hipotecarias (tras cuatro suspensiones consecutivas) y poner bajo la lupa de ley de bienes culturales, que violó abiertamente la Ley de Quiebras vigente.