El Senado suspendió ayer un plenario de comisiones que debía reunirse hoy a las 11.30 para terminar de acordar un proyecto de ley para solucionar el problema de los deudores hipotecarios con créditos en vías de ejecución. Desde hace semanas, el chaqueño Jorge Capitanich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, viene trabajando casi en soledad en un proyecto que consiga una salida de fondo para el stock de hipotecas morosas que están en proceso de ejecución y sobre el que el Congreso sólo ha dispuesto prórrogas al freno de esos remates.
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Para hoy se había convocado a un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Economía Nacional e Inversión, pero ahora pasará para la próxima semana, sin fecha fija. La explicación tiene poco que ver con el problema de los deudores: sería imposible reunir esas comisiones ante la escasa presencia de legisladores en el Senado y, además, porque los invitados al debate no confirmaron su presencia.
Ante la constante presión de los deudores, Capitanich se había comprometido a tener listo para hoy un anteproyectoque comenzará a moldearsepara darle dictamen y tratarlo antes de fin de año, que es cuando vence la nueva prórroga de suspensión de remates hipotecarios.
«Vamos a consensuar bien el proyecto con todo el espectro político. Pero debe quedar claro que cualquier solución será sin que el Estado deba aportar dinero», explicó Capitanich.
Complicaciones
La situación de los deudores hipotecarios de acreedores particulares, o sea, quienes adquirieron deudas por afuera del sistema financiero, se complicó después que varios jueces de primera instancia declararon la inconstitucionalidad de la Ley 25.790 que creó un fondo especial para comprar la cartera de morosos mediante una operación donde el Banco Nación refinanciaba esos préstamos. Los acreedores se negaron a convalidar el precio que ese fondo fijaba para cancelar sus créditos y continuaron con la vía judicial.
Los magistrados declararon inconstitucional esa norma, por lo que quienes se habían inscripto en el fideicomiso y abonado sus cuotas no pudieron parar el remate de sus viviendas porque la Justicia seguía disponiendo las subastas.
