Sin suba de tarifas, servicios públicos no son sustentables

El FMI es, al hacer su balance final sobre la situación argentina, particularmente generoso. Habla de la superación de un «período extremadamente difícil de la historia argentina», de un crecimiento económico que se extenderá también en 2005 y de un gobierno con mucha «prudencia fiscal». Sin embargo, el organismo que maneja Rodrigo de Rato hace una advertencia concreta: «La política macroeconómica se ha debilitado», lo que se reflejaría en «más inflación» que no podrá se combatida en el largo plazo con las decisiones que adoptó el gobierno. Pide más flexibilidad en el tipo de cambio y ayudar a un sistema financiero «que permanece vulnerable y descapitalizado». Dice, además, que «la situación de las empresas de servicios públicos no es sustentable». • Recomendaciones Las principales conclusiones y recomendaciones de los funcionarios del FMI, conducidos por el director del Departamento para el Hemisferio Occidental, Anoop Singh, son las siguientes: • La Argentina se recupera tras haber superado un período extraordinariamente difícil en su historia, y ha logrado la estabilidad política, social y financiera. • Tras dos años de notable crecimiento, que se extiende en 2005, los salarios reales se están recuperando, el PBI se encuentra cerca de los niveles anteriores al máximo de 1998, la inversión y las exportaciones están alcanzando niveles récord, los mercados financieros se encuentran relativamente estabilizados y los indicadores de desempleo y pobreza están mejorando gradualmente. • El principal desafío que enfrenta la Argentina es convertir la actual recuperación en crecimiento sostenible de largo plazo. La experiencia demuestra que los períodos de alto crecimiento han sido interferidos con drásticas crisis, frecuentemente asociadas a la volatilidad fiscal, que han reducido el crecimiento promedio per cápita a niveles muy bajos. • La situación actual de estabilidad política y de crecimiento proporciona una oportunidad al gobierno para adoptar medidas que ayuden a prevenir que la historia no vuelva a repetirse. • Para que la recuperación pueda mantenerse, las autoridades necesitan concentrarse en determinados objetivos: continuar con políticas macroeconómicas responsables, en cuanto a la dinámica de la deuda y de la inflación; efectuar reformas estructurales que incrementen la productividad de los factores y el producto potencial; fortalecer la intermediación financiera; crear un clima apto para inversiones domésticas y extranjeras; garantizar que los frutos del crecimiento se distribuyan en forma equitativa, y proteger adecuadamente a los sectores más vulnerables. • Las políticas macroeconómicas prudentes adoptadas entre 2003 y 2004 permitieron la recuperación de la confianza y la credibilidad. Fue fundamental la prudencia fiscal, que arrojó un superávit primario récord. Las autoridades demostraron el potencial del país para alejarse del alto nivel de endeudamiento nacional. Al mismo tiempo, la política monetaria supo sacar provecho del aumento en la demanda de pesos, reconstruyendo las reservas internacionales y manteniendo las tasas bajas, lo que, a su vez, ayudó al sistema bancario. • Sin embargo, en 2005, a medida que la brecha del producto continúa achicándose, la política macroeconómica se ha debilitado, lo que se manifiesta en la aceleración de la inflación. El aumento en los precios al consumidor y en las expectativas inflacionarias en los primeros meses de 2005 no debe ser considerado un hecho transitorio, sino una señal de la necesidad de ajustar tanto la política monetaria como la fiscal. El esfuerzo de las autoridades para persuadir moralmente y las medidas administrativas tendientes a estabilizar los precios, probablemente sólo posean, en el mejor de los casos, un impacto de corto plazo. • En el área fiscal, en 2005, la meta de 3,8% de superávit respecto del PBI es muy inferior a los resultados obtenidos en 2004. Así, el Presupuesto tendrá un impacto procíclico excepto que el objetivo sea sobrecumplido. La consolidación del superávit es necesaria para facilitar el financiamiento de un faltante presupuestario durante la segunda mitad de 2005, de modo que no se genere inflación ni sea necesario emitir más deuda. • Ajustes adicionales de la política monetaria probablemente también sean necesarios en el corto plazo. Dado el crecimiento mayor que el esperado del multiplicador monetario, el Banco Central debe adoptar medidas que garanticen que las metas de la base monetaria se acerquen al límite inferior establecido. Esto requerirá de una moderación en las intervenciones cambiarias y el aumento de las tasas de interés. • Para fortalecer la credibilidad, el Banco Central debe controlar la inflación y clarificar los objetivos monetarios. En la mayor parte de 2004, el Central logró tener baja inflación, estabilidad cambiaria y bajas tasas. Ahora se intenta evitar una apreciación nominal del peso (el gobierno no deja bajar al dólar de $ 2,90), pero tal política no permitirá mantener la competitividad de la moneda, sino que llevará a una apreciación real a través de una mayor inflación. Se recomienda que las autoridades clarifiquen públicamente que el objetivo primario es la estabilidad de precios y que el Banco Central cuenta con la autonomía necesaria para combatir la inflación. . Un cambio en esta dirección hará necesario que las autoridades acepten un mayor grado de flexibilidad nominal del tipo de cambio. El balance de pagos se ha mantenido fuerte y el gobierno podría seguir siendo capaz de acumular reservas durante lo que resta del año. Sin embargo, la intervención no deberá efectuarse con el objetivo de mantener un determinado tipo de cambio, sino que debe ser transparente y cuidadosamente coordinada para no arriesgar el cumplimiento del programa monetario o los compromisos inflacionarios. • En el área de políticas estructurales ha habido escaso progreso en la implementación de la agenda pactada en el acuerdo stand-by. Aún están pendientes la reducción de impuestos distorsivos, el fortalecimiento institucional de la relación fiscal del gobierno, la reestructuración del sistema financiero y medidas que garanticen un nivel adecuado de inversión e incentivos a la participación del sector privado en la provisión de servicios públicos. A pesar de que será difícil lograr el consenso político para algunas de estas reformas en un año electoral, se recomienda utilizar la situación actual favorable para anunciar un plan de acción coherente. • Mientras el sistema bancario ha recobrado la rentabilidad, el sector permanece vulnerable y descapitalizado. Las autoridades deberían mantener el marco de supervisión y regulación establecido en circunstancias difíciles. • Los bancos públicos han salido del rol asumido en la crisis y se deben articular las estrategias para sus futuras operaciones. Luego de efectuada la auditoría del Banco Provincia y la planeada revisión del Banco Nación, las autoridades deben preparar el rol estratégico de estas entidades. • La situación en el sector de servicios públicos no es sustentable y no resuelve los factores que podrían dañar la estabilidad y el crecimiento. La actualización tarifaria no alcanza aún a todas las empresas del sector y el gobierno se niega a elevar las tarifas a los consumidores finales y acordar un cronograma de aumentos. La insistencia en mantener las condiciones de la Ley de Emergencia y los intentos recientes de imponer unilateralmente nuevos contratos son contrarios a la postura de las compañías, algunas de las cuales se han retirado o amenazado con su salida del país. • La reestructuración de la deuda marcó un importante paso, pero hay cuestiones pendientes para que la Argentina salga completamente de la crisis financiera.

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