El ex ministro Cavallo señaló en su blog que el colapso del sistema energético generará pronto cortes de luz y escasez de gas. Manifestó su alarma frente a «cómo (Kirchner y De Vido) se están enredando de una forma muy peligrosa en las redes del desabastecimiento y la corrupción», en obvia referencia al caso Skanska. Hasta se aventuró a comparar con lo sucedido en el IBM-Banco Nación.
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El origen de este enredo está en la falta de escrúpulos con la que decidieron utilizar, por oportunismo político, anteojeras ideológicas ajenas, prestadas por izquierdistas anacrónicos, que además de no saber interpretar nuestra realidad desconocen lo que ocurre en el mundo.
Todas las acusaciones probadas de corrupción de los 90 se produjeron en el Banco Nación, el PAMI y las empresas públicas antes de ser privatizadas, donde continuaron los viejos sistemas de contratación del Estado, y se produjeron y descubrieron por los mismos mecanismos que ahora la AFIP ha detectado el caso Skanska.
Contribuyen al actual engaño las favorables circunstancias externas que han permitido logros en materia económica, que el Presidente, en una peligrosa actitud autocomplaciente, prefiere atribuir a sus supuestos aciertos, cuando en realidad le están permitiendo perseverar en errores que tendrán un enorme costo futuro. Como, por ejemplo, el caso de la energía.
Hasta fines de 2001, el abastecimiento energético era no sólo abundante sino también barato en comparación con el resto del mundo; y nos habíamos transformado en exportadores de energía, de gas a Chile y Uruguay y de electricidad a Brasil.
La clave de este exitoso desarrollo energético fue el proceso de privatización, hecho con marcos regulatorios aprobados por ley, entes reguladores integrados por personal técnico seleccionado por concurso y bien remunerados.
En ese marco, el Estado no sólo obtuvo ingresos de capital por casi u$s 15.000 millones, sino que la Argentina consiguió que el sector privado invirtiera en exploración y explotación del petróleo y el gas natural, en generación de energía eléctrica, en potenciación y ampliación de redes de transporte de todo tipo de energía y en el mejoramiento y la ampliación de las redes de distribución de gas y electricidad. Estas inversiones superaron los u$s 20.000 millones durante la década.
Kirchner y De Vido no son responsables de la desarticulación inicial de este exitoso marco normativo, porque ella se produjo a partir de enero de 2002, cuando Duhalde y sus colaboradores decidieron congelar las tarifas de los servicios energéticos al nivel que tenían, en pesos, antes de la devaluación.
Esto, que en los términos de Lavagna permitió que la devaluación real fuera «exitosa», es decir, que no se trasladara totalmente a los precios y salarios internos, fue letal para el funcionamiento del sector energético.
A partir de ese momento, los precios y las tarifas percibidos por los productores de energía sólo les permitieron cubrir, en el mejor de los casos, los costos de operación, pero le impidieron recuperar la inversión de capital.
Como consecuencia lógica, la inversión nueva, por parte del sector privado, prácticamente desapareció. En la práctica, se creó un subsidio escondido a los usuarios finales de energía, del orden de los dos tercios del valor de toda la energía producida en el país, que se financió con la virtual expropiación del capital privado invertido en el sector durante la década de los 90.
Como era de esperar, con semejante subsidio, la demanda de energía creció a ritmo muy rápido, pero la capacidad de producción, inicialmente elevada, gracias a aquella inversión de los 90, se estancó.
A poco de andar, comenzaron los desequilibrios entre demanda y oferta, que primero se ajustaron reduciendo las exportaciones de gas a Chile, aumentando las importaciones de gas de Bolivia y de fueloil de Venezuela, y que ahora ya se han transformado en inseguridad y baja calidad del abastecimiento energético interno.
A partir de 2003, Kirchner y De Vido, usando ya las anteojeras ideológicas que los llevan a una lectura totalmente equivocada de los acontecimientos económicos de los 90, decidieron encarar el problema de la incipiente crisis energética a través de la estatización de la nueva inversión en el sector.
De esta forma, se enredaron peligrosamente en las redes del desabastecimiento y la corrupción.
Este sistema, por su falta de transparencia, torna creíbles las numerosas sospechas de corrupción, que nacen no sólo de las facturas truchas descubiertas por la AFIP, sino de la simple comparación del costo actual de las obras con las que decidió y financió el sector privado durante la década de los 90. Estas denuncias paralizarán la ejecución de las obras.
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