El avance del gasto público y los subsidios no tiene freno. Para no ajustar tarifas del transporte, por caso, el gobierno prorrogó subsidios a ferrocarriles y subtes hasta fines de 2004. Esos subsidios suman más de 200 mil dólares diarios y totalizan en pesos 212 millones anuales. A esto hay que sumarle $ 134 millones para la línea aérea estatal Lafsa, creación de Néstor Kirchner, donde sus pilotos, azafatas y personal en general llegan a ganar el doble que en otras empresas aéreas. En tanto, en el mundo, China se propone bajar en 9 millones la planta de personal del Estado.
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La prórroga de los subsidios fue difundida en el Boletín Oficial el jueves pasado (Resolución 298). La resolución, firmada por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, establece que se amplían por 12 meses los pagos del Sistema Integrado Ferroviario (SIFER) a los concesionarios de los trenes urbanos. El SIFER es un fondo que recibe ingresos por una tasa con la que se grava el gasoil. Fue creado en junio de 2002, durante la gestión de Eduardo Duhalde, para evitar un aumento de tarifas. Fue al único servicio privatizado al que, después de la devaluación, le reconocieron los perjuicios ocasionados.
Los subsidios se reparten mes tras mes de la siguiente forma:
• Metrovías (subtes y línea de ferrocarril Urquiza), $ 4,3 millones;
• TBA (FF.CC. Mitre y Sarmiento), $ 4,2 millones;
• Ferrovías (FF.CC. Belgrano y Norte), $ 3,3 millones;
• Metropolitano (FF.CC. Roca, San Martín y Belgrano Sur), $ 5,9 millones.
Los subsidios pueden ser ajustados en cualquier momento, como sucedió el año pasado, cuando el aumento de salarios de $ 200 no remunerable fue incorporado al convenio. Este mayor costo salarial implicó una suba de los aportes del Estado a las empresas ferroviarias, con una rapidez inusitada.
Las empresas ferroviarias tienen en estos momentos denuncias de incumplimiento hechas por la Auditoría General de la Nación y el defensor del pueblo de La Nación. Es llamativa la discriminación que hace el gobierno con respecto al resto de las empresas privatizadas, cuyos contratos son revisados, y al detectar situaciones de incumplimiento, se las amenaza con suspenderles la concesión o se les dilata el reajuste tarifario, congelado desde fines de 2001.
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