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La Confederación Nacional de los Trabajadores del Servicio Público Federal, que congrega a empleados públicos de ministerios y distintos organismos del Estado, convocó la huelga.
Los gremios de la salud, trabajo y asistencia social afirmaron que el llamado a huelga contaba con una adhesión de por lo menos 70 por ciento de los empleados. Otros gremios no cuantificaron el porcentaje de empleados que se han sumado a la protesta.
El sindicalista Carlos Alberto dos Santos dijo que los niveles de respuesta a la huelga general habían sido distintos en cada uno de los 26 estados brasileños y en el Distrito Federal de Brasilia.
• Adhesión
La situación más delicada era en la ciudad de San Pablo, donde 90 por ciento de los puestos de atención del Seguro Social no abrieron sus puertas, pese a las largas filas de pacientes que esperaban.
El portavoz sindical dijo que la adhesión era cercana a 70% en todo el país y que «se espera que aumente, porque es una huelga por tiempo indefinido».
El gobierno rehusó comentar los niveles de adhesión y aseguró que todos los organismos estatales funcionaban normalmente, tal como ocurría en la Explanada de los Ministerios, una amplia avenida de Brasilia donde se asientan todos los poderes del Estado.
En esa avenida, pequeños grupos de sindicalistas se concentraron para hacer públicas sus demandas salariales.
Los gremios le exigen al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva un aumento general de 18% que, según sostienen, es lo que han perdido en valor adquisitivo desde enero de 2003, cuando el líder socialista tomó posesión de la presidencia.
El ministro de Planificación, Paulo Bernardo Silva, recibió a una delegación de funcionarios públicos y aseguró que se estudiarán las demandas, pero no se comprometió a satisfacer las exigencias.
«Dependerá de si el gobierno tiene dinero o no», declaró. Lucia Reis, directora de la Central Unica de Trabajadores, dijo a periodistas que el mantener o no la huelga será una decisión de cada uno de los gremios comprometidos, pero vaticinó que la medida de fuerza no se levantará, al menos esta semana.
La protesta de los empleados públicos coincidió con una nueva marcha de pequeños agricultores, que llegaron el miércoles a la capital para exigirle al gobierno una mayor celeridad en sus planes de reforma agraria y créditos para la agricultura.
Lula recibió a una pequeña delegación de manifestantes, a quienes reiteró sus promesas de profundizar la reforma agraria y liberar los créditos solicitados una vez que los organismos involucrados estudien los pedidos.
El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Rurales de la Agricultura, Manoel dos Santos, consideró «provechoso» el encuentro, pero dijo que ahora esa organización se ocupará de velar porque las promesas de Lula se hagan realidad.
«Respetamos al presidente, pero también esperamos que él cumpla lo que promete», declaró Dos Santos.
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