Tarifas estarán congeladas por lo menos por 120 días

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó ayer que, durante 120 días, las tarifas «se pagarán en pesos al mismo valor anterior a la devaluación», y admitió que podría haber ajustes en los planes de inversión de las empresas privatizadas, como consecuencia de esa situación.

Esto confirma que el gobierno plantea un congelamiento de las tarifas de los servicios públicos hasta que estén renegociados los contratos, y que esto abarcará no sólo la imposibilidad de trasladar la devaluación y de aplicar mecanismos indexatorios. Tampoco se permitirían los ajustes de precios por razones estacionales, como ya ocurrió el 1 de este mes con el precio mayorista de la energía eléctrica.

Quedarían incluidos los ajustes del gas en boca de pozo que se producen en mayo de cada año al empezar el invierno, ya que según la ley de marco regulatorio del gas hay un valor para el período estival y otro para el invernal. Tampoco se volvería a permitir el ajuste por razones estacionales en la electricidad que rige también desde mayo, ni la adecuación de los precios de la generación según los valores de los combustibles que habitualmente se hacía en abril.

En conferencia de prensa, Capitanich recordó que el Poder Ejecutivo «estableció que el Ministerio de Economía debe fijar las modalidades de negociación de las tarifas públicas».

«Por decreto, Economía tiene un plazo de 120 días para elevar el análisis de las propuestas correspondientes, y estimamos que en ese lapso se van a poder establecer mecanismos de adecuación de las tarifas al nuevo orden económico», puntualizó el jefe de Gabinete. También subrayó que la situación del país «es extremadamente complicada, y por consiguiente las empresas de servicios públicos actúan con responsabilidad para contribuir en esta crisis». «Pero, muchas de ellas -admitió- tienen deudas en dólares y perciben ingresos en pesos, por lo tanto, esto les genera dificultades para funcionar», agregó.

• Adecuación

El funcionario dijo que estas empresas «tenían un plan de inversiones, pero es natural que una modificación sustancial de la economía requiera adecuar esos planes».

Aseguró también que los contratos de concesión de los servicios «se van a respetar, ya que no se pueden rescindir desde una postura unilateral».

La reestructuración tarifaria de las empresas de servicios públicos privatizadas estará a cargo de una comisión técnica encabezada por el Ministerio de Economía que, junto a representantes de las compañías, entes reguladores y de los consumidores, analizarán el tema en un plazo máximo de 120 días.

«Esta comisión -dijo Capitanich- luego rendirá cuentas a la Comisión Bicameral» de seguimiento de las privatizaciones y «en un plazo de 120 días surgirán las propuestas que se elevarán al Poder Ejecutivo para una adecuación de las tarifas de servicios». Pero el jefe de Gabinete dijo que la decisión no será «unilateral».

Por otra, también dijo que «el gobierno no está en condiciones fiscales de absorber incrementos» tarifarios, y reconoció que «no tenemos posibilidad de financiación adicional para subvencionar a las empresas».

En declaraciones periodísticas formuladas antes de inaugurar un seminario sobre «Los servicios públicos en el nuevo escenario económico», Capitanich aseguró que los contratos «se respetarán» y que «no hay posibilidad de rescindirlos de forma unilateral». Indicó, no obstante, que es un tema «complicado» y reconoció que «las empresas están cobrando sus servicios en pesos y pagan sus deudas en dólares».

En el seminario, un panel de juristas analizó el nuevo marco legal que se les presenta a las empresas privatizadas. El abogado Ismael Mata dijo que «el congelamiento de precios de los servicios incidirá en la calidad» de las prestaciones y opinó que se tenderá a «la reducción de incentivos y al empobrecimiento en general».

El jurista Eduardo Mertehikian dijo que la legislación «deja abierta la vía de rescisión contractual». Por su parte, el economista Orlando Ferreres opinó que «debe haber una tarifa económica razonable, que siga a la inflación interna».

«Si no se adecuan» a la situación actual, la inflación las convertirá en «tarifas políticas», como ocurría en 1988 y 1989", recordó Ferreres.

Indicó que la morosidad en el pago de los servicios «crecerá en tamaño a la recesión» y recordó que las llamadas tarifas sociales, por las cuales los consumidores de bajos recursos son subsidiados por el resto de los usuarios «ya están implementadas».

Sobre la posibilidad de reestatización de alguna empresa de servicios públicos, dijo que es una alternativa «ridícula».