Todo en descenso

Durante los últimos años, la amplia mayoría de los analistaspolíticos y económicos, mientras preferían ignorar el desmedido crecimiento de los medios de pago que significó el sostenimiento artificial del dólar, aseguraban que no había riesgo de que la inflación escapase de control. La celebrada ancla fiscal nos inmunizaba de un eventual descalabro inflacionario. Excedentes fiscales primarios del orden de 3,5%, como los que la Argentina exhibió a partir de la licuación del gasto que acarreó la megadevaluación de 2001, nos pondrían a resguardo de esa amenaza.

Poco importaba que tal superávit fuese ficticio, al no computar los fondos necesarios para absorber el excedente cambiario. Pero ninguna familia consideraría que sus ingresos resultan suficientes si hubiesen dejado fuera de la cuenta los gastos por luz, gas, transporte y colegio de los chicos. De la misma forma, habiendo elevado el «tipo de cambio competitivo» a la condición de propósito irrenunciable del modelo kirchnerista, la determinación del resultado fiscal debería incluir los fondos necesarios para sostener esa ventaja cambiaria.

Precisamente, es la insuficiencia del superávit financiero (una vez pagados los servicios de la deuda) para atender esas erogaciones lo que lleva a que sean cubiertas con emisión monetaria. Lo que deja al descubierto un Banco Central que, disimulando bajo la adquisición de reservas, se dedicó a satisfacer las necesidades del gobierno -el dólar alto que permitió al matrimonio presidencial disponer, retenciones mediante, de la caja con la cual dominar la escena política-. Es decir, el BCRA hizo una lectura paradójica, o inversa, de su ley orgánica: donde le ordenaba defender el valor de la moneda, las autoridades monetarias entendieron que no se refería al peso argentino sino al dólar estadounidense.

Ignorancia

Pero volvamos a aquella supuesta ortodoxia que levantó la bandera del superávit fiscal, aunque trucho, como garantía de estabilidad. Poco le importó que esa enseña flamease sobre una montaña de instituciones y reglas de juego quebradas -unilateralmente- una y mil veces. Tampoco incomodó a los exponentes de tan singular ortodoxia el que la holgura del superávit primario fuera empalidecida por el exuberante crecimiento del gasto corriente. Se perdió de vista que lo esencial es la moderación en el gasto, no el tamaño del excedente. Se dio la espalda a la austeridad, que fue reemplazada por la voracidad. El asalto a los productores rurales encuentra explicación cuando consideramos que el gasto corriente saltó en abril 50,4% interanual mientras que las transferencias al sector privado se duplicaron y tienen clara tendencia a acelerarse. Ya gastamos más en subsidios que en seguridad social. Ni el gobierno, ni los economistas heterodoxos ni buena parte de quienes se consideran ortodoxos han tomado conciencia de que es preferible sufrir un leve y pasajero déficit fiscal que acompañe un gasto contenido, que lucir un superávit elevado pese a gastar sin medida y a costa de ahogar con impuestos a la sociedad.

Extasiada por el superávit fiscal y confundida por los impactos residuales de la tragedia de 2001, buena parte de la ortodoxia autóctona olvidó las graves consecuencias de crear dinero muy por encima de la tasa de generación de riqueza. La parálisis económica había estimulado una voraz demanda de dinero por parte del público, que durante los dos primeros años absorbió sin fatiga la formidable expansión monetaria que requería sostener el dólar alto. En la medida que la depresión fue quedando atrás, se recreó la demanda de bienes y declinó la demanda de dinero.

Algunos alertamos con anticipación que si la oferta monetaria no se acomodaba a este cambio en las preferencias sociales se alimentaría la inflación, aun cuando el dinero emitido fuera dedicado a comprar reservas internacionales. La euforia del ancla fiscal ahogó nuestras advertencias y la base monetaria siguió expandiéndose a un vertiginoso 35% interanual.

Cuando a partir de 2005 la inflación se hizo sentir, el riesgo de escalada siguió siendo menospreciado ante la « solidez» del anclaje fiscal. Se prefirió echar las culpas de la suba de los precios a los alimentos, pese a la evidencia de que más de dos tercios de la inflación nada tienen que ver con ellos. O reducir la suba a la « inflación importada», cuando a poco que se examina el IVADGI queda a la luz la importancia del componente puramente local.

Peligroso

En estas horas, la inflación ya cabalga sobre 30% anual; seguir confiando en las seguridades de un superávit fiscal ficticio se convierte en un deporte peligroso. Sin disciplina monetaria y reducción del gasto total en general y del corriente en particular, el combate a la inflación es reemplazado por el combate a la inversión, encarnado en la lógica perversa de los controles de precios y la doctrina represiva de la Ley de Abastecimiento de los idolatrados setenta. ¿Es que el ancla fiscal kirchnerista ha resultado acaso inocua? Sí lo ha sido para contener la inflación. Pero no ha sido neutra en otros respectos. Para que los ingresos públicos se mantuvieran por encima del vertiginoso aumento del gasto, la presión fiscal efectiva alcanzó niveles sin precedentes históricos, por encima de 60%. La rebelión tributaria del campo dejó en descubierto la realidad de un régimen que se devora las ganancias de los productores, y con ellas el motor de la inversión.

Multitud de señales de los más diversos sectores de la economía sugieren un franco deterioro del nivel de actividad. Hasta el mentiroso INDEC debió reconocer una caída de las ventas de supermercados de 0,7% mensual en abril, que para nosotros fue de 3,3%; las de los shopping caen 4% interanual en el primer cuatrimestre. Mayo marcó el tercer mes consecutivo de disminución, de 5%, en las ventas minoristas, según lo informado por la oficialista CAME, pero las ventas en el interior muestran caídas de hasta 30%. Los descensos van desde el consumo de servicios públicos hasta las transacciones inmobiliarias, pasando por las ventas de electrodomésticos. Incluso la subsidiada demanda de electricidad se ha desacelerado.

Aun si imagináramos que el gobierno lograse que la rebelión agropecuaria se levantara sin reducir los niveles de presión tributaria efectiva, la brutal transferencia de riqueza desde el sector productivo hacia el no productivo terminará llevándonos a un estancamiento económico en el segundo semestre, con el consiguiente derrumbe de las finanzas públicas. La alabada ancla fiscal -entendido hasta hoy sólo como una alocada carrera de la carga fiscal para ganarle al aumento del gasto estatal- lo único que ha impedido que se escape es la actividad económica, a la que amenaza llevarse consigo al fondo del mar.

Para esquivar el parate debe reformarse con urgencia el sistema de ingresos públicos y reducir el gasto estatal, particularmente en subsidios. Eso a su vez impone liberar precios congelados y regulados. El estruendo resultante del demorado reacomodamiento de precios relativos que los Kirchner se niegan a cargar podrá ser superado si hay determinación y grandeza en la clase política y en la sociedad como un todo. Recomponer un clima de inversión será una tarea lenta y ciclópea. O encaramos con decisión el futuro o éste vendrá por nosotros.