El tema de los fondos fiduciarios como vehículo para el consumo ocupó el centro de la charla que mantuvo el viernes el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con un grupo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) encabezado por su titular, Carlos de la Vega.
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Los empresarios le explicaron al ministro lo que se viene diciendo desde el día en que la presidente Cristina de Kirchner anunció el fin de la jubilación privada: sin los fondos de las AFJP para suscribirlos, los fondos fiduciarios desaparecerán y con ellos la financiación a largo plazo de artículos como electrodomésticos, indumentaria, etc. Agregaron que los efectos no sólo sobre el comercio, sino sobre la economía en general podrían ser devastadores, y exactamente lo opuesto a lo que buscaría el gobierno, o sea, mantener la actividad. El ministro -según algunos de los participantes del encuentro- se limitó a anotar las inquietudes de los empresarios.
De esa reunión surgió también un dato inquietante: el gobierno ya está pagando subsidios de hasta $ 600 por trabajador de acuerdo con lo que establece el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Cuando los empresarios le preguntaron al ministro si estaba previsto restablecer la doble indemnización, respondió que no, pero que echarían mano a los mecanismos previstos en el PPC (una ley de 2002) para impedir despidos. En ese momento, alguien lanzó sobre la mesa el nombre de Supermercados Toledo como receptor del subsidio de hasta $ 600 por trabajador. No quedó claro, sin embargo, si este beneficio data de antes o se originó en la crisis actual; después de todo, Toledo -una firma familiar de Mar del Plata, pero con una cadena de supermercados en toda esa área de la provincia de Buenos Aires- arrastra dificultades financieras desde hace varios años.
La reunión había sido convocada por Tomada para repasar el estado del empleo en el sector comercial. De la Vega le dijo que todavía no se percibía un estado de recesión, pero sí de cautela en los empresarios. El directivo apuntó, además, que los efectos de la caída de ventas se sienten más en el interior que en el GBA; podría hablarse de un efecto soja invertido: la caída del valor de ese commodity ya está causando una visible retracción de los agricultores, que en el último lustro habían motorizado el crecimiento en las regiones.
Tomada fue enfático en pedirles a los empresarios que no despidan personal; los dirigentes le respondieron que estaban de acuerdo siempre y cuando no avancen los reclamos salariales que se producen básicamente en tres áreas: la Patagonia, el norte del GBA y el oeste del conurbano. «Elijan: o damos aumentos y despedimos gente porque no podemos pagarles, o pactamos un 'statu quo' hasta ver qué pasa con la crisis», habría dicho uno de los empresarios. Veamos:
en la Patagonia, los empleados de comercio reciben un plus por zona fría, que va de 5 a 80% sobre el salario de bolsillo; la regional del gremio de mercantiles de esa zona está pidiendo un fuerte incremento sobre esos porcentajes que los comerciantes no están dispuestos a pagar.
en la zona norte del GBA, los gremialistas amenazan con bloquear los accesos a los centros comerciales y grandes supermercados en caso de que los empresarios no accedan a pagar doble los domingos trabajados. Por ahora, son sólo amenazas.
en la zona oeste del GBA, el conflicto es con los supermercados mayoristas, a los que les exigen reducir la jornada laboral, aumentos salariales y un viático extra.
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