El gobierno ya estudia los pasos a seguir tras la sentencia adversa del CIADI, que condenó a la Argentina a pagar u$s 165,2 millones a la empresa Azurix por la rescisión del contrato decidido por la provincia de Buenos Aires. La estrategia más probable es solicitar ante el mismo tribunal la «anulación» del fallo, ya que desde la propia Procuración del Tesoro consideraron que tuvo «errores groseros».
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Los representantes del Estado argentino ante el tribunal del Banco Mundial tienen 120 días hábiles para interponer esta protesta. Luego debería conformarse un nuevo tribunal de tres miembros para decidir, lo cual podría demorar meses o hasta años. De esta manera, los abogados argentinos encontraron una manera de estirar notablemente los plazos para hacer frente al pago de la sentencia. Fuentes consultadas del sector privado por este diario consideraban ayer como « extremadamente difícil» que el propio tribunal que se expidió condenando al país revierta la decisión.
El gobierno ya optó por este camino en el caso del fallo del CIADI que condenó a pagar u$s 133,2 millones a la compañía de energía CMS Energy, accionista de Transportadora de Gas del Norte. Fue la primera sentencia favorable para una empresaque se presentó ante el tribunal arbitral del Banco Mundial. Pero aun ni siquiera se conformó el nuevo tribunal para estudiar si avala o no el pedido argentino de nulidad, por lo cual «se ganó» prácticamente un año.
Osvaldo Guglielmino, titular de la Procuración del Tesoro, consideró que el falló le generó «sensaciones encontradas». Por un lado negativas, porque es contrario a la Argentina, pero por otra parte sólo reconoce 30% de lo que pedía la empresa. Sobre un monto efectivamente invertido de u$s 565 millones, la condena terminó siendo por u$s 165 millones. Uno de los datos que destacan es que el tribunal desestimó argumentos relacionados con el « riesgo empresario» por la inversión realizada en el país, algo que no está comprendido en los tratados bilaterales.
Vivendi
En los próximos días habrá más novedades relacionadas con el CIADI, ya que la semana próxima arranca un nuevo juicio. En este caso se trata del gigante francés Vivendi (ex Générale des Eaux), por haber sufrido la rescisión del contrato en Aguas de Tucumán. El juicio será en Washington y la empresa reclama u$s 380 millones, nuevamente un monto exorbitante para el tamaño original de la inversión y del negocio. El problema es que el CIADI no cobra «tasa de justicia» como ocurre en la Argentina ni porcentaje alguno en relación con la demanda, por lo que éstas tienden a estar exageradamente «infladas».
Tanto en el caso de Azurix como de Aguas de Aconquija, desde la Procuración se ocuparon en aclarar que si bien los fallos recaen sobre la Nación, las que eventualmente deberían hacer frente a la sentencia son las respectivas provincias (Buenos Aires y Tucumán). Fueron éstas, en definitiva, las que decidieron privatizar el servicio para luego echarse atrás. Será, probablemente, un tema de fuerte discusión.
Otra de las decisiones polémicas que se esperan del CIADI está relacionada con el juicio de la alemana Siemens, que ya terminó el año pasado. La compañía reclama más de u$s 400 millones, pero en este caso se trata de «lucro cesante» por un contrato anulado antes de encarar el grueso de la inversión, como sucedió con la fabricación de los nuevos DNI.
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