En las próximas horas, el ex ministro Domingo Cavallo se presentará a la Justicia para cuestionar el fallo que determinó su procesamiento en la causa del megacanje del gobierno de Fernando de la Rúa (juez Jorge Ballestero). Son doce páginas el escrito en el que, además de ofrecer clases de economía y lamentarse porque no lo dejaron continuar en su gestión, plantea una cuestión que advierte sobre el futuro (al menos, sobre el judicial de Néstor Kirchner) y demuele parte de los argumentos que justificaron su castigo: las comisiones que pagó Cavallo por la refinanciación del megacanje -dice- son las mismas que ha pagado el actual presidente cuando reestructuró la deuda en 2004. Por lo tanto, se infiere, si hubo culpa antes por esos altos precios según la interpretación de la Justicia, posiblemente también la haya ahora.
Para defenderse del procesamiento (figura que también implicó a De la Rúa, Daniel Marx y Jorge Baldrich), Cavallo ataca fundamentos del fallo y señala que éste incurre en improcedencias técnicas, cuando no manifiesta cierta ignorancia de quienes fueron peritos del magistrado: por ejemplo, señala la falta de distinción entre superávit fiscal y el de cuenta corriente, o la confusión de suponer que la deuda pública es lo mismo que la externa.
Se conocieron ayer detalles de la defensa del ex ministro Domingo Cavallo contra su procesamiento en la causa que lleva adelante el juez Ballesteros por el megacanje. En la misma, detalla cómo fue que se gestó la operación, responde una a una las objeciones planteadas por fiscales, y brinda más información sobre los hechos ocurridos durante su breve gestión en 2001. Estos son los puntos más importantes de su presentación:
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El juez Ballesteros, que luego de la primera pericia y de los informes de todos los organismos técnicos de control (AGN, etc.) sostuvo que «no estaba reunido el marco probatorio que permitiera establecer la existencia del perjuicio requerido para que la decisión de lanzar el megacanje configurara un delito», ha cambiado de opinión basado en el nuevo peritaje realizado por los expertos designados por el fiscal.
En su explicación sobre su nueva convicción, el juez comienza argumentando que los expertos sostienen que el canje de la deuda, como alternativa al default, sólo tiene sentido «cuando están dadas las condiciones para que el país comience a tener superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que le permitan revertir el proceso de endeudamiento creciente.
El fiscal planteó como primer requerimiento de los expertos que «se precise -en términos de política económica- la naturaleza y el sentido de los canjes de bonos de la deuda externa». Destaco el adjetivo «externa» porque toda la respuesta de los expertos se refiere al «canje de la deuda externa», cuando en realidad la operación que se quiere tildar de criminal fue un «canje de deuda pública», mayoritariamente interna.
La deuda pública es « externa» o «interna», no por la moneda en la que está denominada, sino por la residencia de los acreedores. Cuando los acreedores, o tenedores de la deuda, residen en el país, la deuda es «interna». Cuando los acreedores residen en el exterior, la deuda es «externa».
La confusión entre deuda pública interna y deuda externano le permite al juez advertirque el único default que finalmente llegó fue el default de la deuda pública externa. Ya, gracias al megacanje y a la reestructuración de noviembre, se había podido transformar la deuda pública interna, por más de 42.000 millones de dólares, en un Préstamo Garantizado al gobierno nacional, no sujeta a las cláusulas de cross-default contenidas en todos los bonos de la deuda pública. Tan evitable era el default, más temido por sus efectos sobre ahorristas y trabajadores, que finalmente se lo pudo evitar porque el default declarado por el presidente Adolfo Rodríguez Saá fue sólo de la deuda externa.
Argumentar que el abandono de la convertibilidad era inevitable y atribuir al megacanje las consecuencias de las decisiones adoptadas por el gobierno de Eduardo Duhalde, como lo hacen los peritos que han convencido al juez, es una burda mentira. Los que fogonearon durante muchos años el abandono de la convertibilidad tuvieron que justificar dos golpes institucionales para lograr su objetivo y valerse de verdaderos usurpadores del poder, a quienes el pueblo no había votado.
El juez dice que «ninguna duda cabe de que el megacanje fue gestado con el fin de favorecer intereses distintos a los del Estado nacional». «Así lo entendieron los peritos de oficio, quienes en atención al contexto histórico en el que se desarrolló esta operatoria aseveraron que la misma se realizó con el propósito de posibilitar el cobro de las comisiones, lo cual se ve ratificado con el canje de noviembre del mismo año, que implicó la reestructuración unilateral de la deuda sin el pago de las mismas.»
El pago de las comisiones habituales de los bancos que actúan como colocadores de deuda a través de una oferta pública en la jurisdicción de Nueva York no puede ser un beneficio indebido para los bancos, porque es la retribución normal por el servicio que prestan. Los porcentajes de comisiones pagadas en el megacanje son iguales a las pagadas en los canjes anteriores y al canje implementado por el gobierno del doctor Néstor Kirchner en 2004.
Conversión
El denominado megacanjede junio de 2001 fue un canjede deuda mayoritariamente «interna». La prueba de que ello fue así surge del hecho de que en noviembre del mismo año, casi 90% de los tenedores de nuevos bonos emergentes del megacanje aceptaron voluntariamente convertirlos a un Préstamo Garantizado al Estado nacional, a la tasa máxima de 7% anual, estructurado como mutuo bajo ley argentina.
Los expertos designados por el fiscal dicen que el gobierno de De la Rúa debería haber declarado el default de todos los bonos en circulación en abril de 2001, en lugar de lanzar el megacanje. Si ésta hubiera sido la decisión, como más de la mitad de esos bonos constituían deuda interna, se habría producido una pérdida para los ahorristas y trabajadores aun mayor de la que produjo la combinación del «corralón», pesificación y devaluación a partir de enero de 2002, cuando el presidente Eduardo Duhalde decidió el abandono de la convertibilidad.
Con el diario del lunes, el fiscal, los expertos designados por él y el propio juez sostienen que evitar la devaluación, es decir el abandono de la convertibilidad, era un objetivo imposible de alcanzar. Pero ello no es cierto. Los promotores del abandono de la convertibilidad que querían la pesificación y la devaluación como forma de licuar sus deudas en dólares tuvieron que derrocar a dos gobiernos. Al de De la Rúa, elegidopor el pueblo en 1999, y al de Adolfo Rodríguez Saá, elegido por el Congreso el 22 de diciembre de 2001.
Rodríguez Saá, interpretando la opinión de la mayoría de la dirigencia política y de los economistas profesionales, incluido el actual presidente de la Nación, se oponía a las medidas propuestas por los fogoneros del abandono de la convertibilidad.
En el ámbito político, ninguno de los dirigentes proponía el abandono de la convertibilidad. Esto quedó claramente demostrado en octubre de 2001, cuando los candidatos a senador por la Ciudad de Buenos Aires, Rodolfo Terragno, Gustavo Beliz, Horacio Liendo y Norberto La Porta debatiendo frente a la televisión coincidiendo en respaldar la convertibilidad. Incluso Jorge Remes Lenicov, quien luego fuera el ministro que junto con Ignacio de Mendiguren impulsó la pesificación y la devaluación, en noviembre de 2001 había defendido la convertibilidad.
La crisis de 2001, que en realidad comenzó en noviembre de 2000, no fue una crisis de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sino una crisis financiera originada en la sucesión de déficit fiscales, de la Nación y de las provincias, que fue aumentando la percepción de riesgo de default de la deuda pública.
Si no se hubiera producido el golpe institucional que forzó mi renuncia y la del presidente De la Rúa el 19 y 20 de diciembre de 2001, la corrida bancaria de noviembre y diciembre de 2001 se hubiera detenido transitoriamente con el proceso de bancarización obligatoria de los pagos por más de 1.000 pesos mensuales, conocido como «corralito», y en forma definitiva con la segunda etapa de la reestructuración de la deuda, que estaba programada para lanzar a mediados de enero de 2002, una vez que el Congreso Nacional hubiera aprobado el Presupuesto para 2002 y el FMI hubiera desembolsado los fondos comprometidos desde agosto de 2001.
