En declaraciones a periodistas españoles, el director gerente del FMI, Rodrigo de Rato, respaldó explícitamente la posición de las empresas privatizadas que cuestionan el proyecto del régimen nacional para los servicios públicos. Las principales críticas se refieren a la fuerte injerencia estatal en las decisiones clave de cada compañía, como las inversiones, y en las amplias facultades otorgadas a los entes reguladores para rescindir los contratos y aplicar multas.
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Las expresiones de De Rato coinciden además con la preocupación que manifestó por el proyecto de ley el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente Néstor Kirchner, durante el encuentro que mantuvieron en Nueva York. Según fuentes argentinas, Kirchner le habría contestado que «las empresas deben escuchar menos a los abogados argentinos», pero se considera que el tema quedó instalado en la agenda bilateral.
El proyecto está actualmentebajo análisis de varias comisiones de la Cámara de Diputados. Aun cuando Kirchner y el ministro Roberto Lavagna sugirieron que tendría cambios, por tratarse de una iniciativa muy abarcativa y generalizadora, todavía no se advierte cuáles serían los mecanismos para cambiarla.
• Regulación
El Ejecutivo tampoco podría dejar el proyecto en el olvido, porque la mayoría de los servicios necesitaría una ley de marco regulatorio, que sólo la tienen las privatizaciones de gas y electricidad. Sin embargo, las compañías ya habrían explicado al gobierno la dificultad para renegociar los contratos mientras el proyecto se encuentre bajo análisis, o si es convertido en ley, con lo cual las tratativas continuarían demorándose.
El Fondo Monetario viene insistiéndole al gobierno argentino para que renegocie los contratos de las privatizadas y cuestiona que las tarifas se encuentren congeladas y pesificadas desde enero de 2002 cuando se produjo la salida de la convertibilidad.
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