Una queja empresaria demora plan de obras

El Plan de Obras que quería anunciar Eduardo Duhalde no se pondrá en marcha, al menos hasta que el gobierno y las empresas constructoras se pongan de acuerdo en la «filosofía» del mismo. La versión oficial indica que el anuncio se postergó «hasta el regreso del Presidente de su visita a Ecuador». El encargado de justificar el fracaso fue Alberto Atanasof, jefe de Gabinete, quien dijo que los constructores «hicieron una presentación ante el Poder Ejecutivo solicitando aclaración de algunos de los artículos del decreto que establece el mecanismo de ajuste de mayores costos para estas obras». Todos ya saben lo que significa «mayores costos» para las empresas contratistas: así en general, se han hecho grandes.

Sin embargo, las razones del conflicto obedecen a dos cuestiones básicas:

• La pretensión oficial de que cada obra que se inicie o reinicie (aún las más chicas) permita intervenir a la SIGEN (Sindicatura General de Empresas Nacionales), lo que generaría un expediente por cada obra (aún las más chicas) y la consiguiente posibilidad de corrupción (siempre bajo la visión empresaria).

• La pretensión de las empresas de quedarse con casi todo el presupuesto previsto para este denominado «plan de obras», en concepto de «actualizaciones por mayores costos».

El «plan de obras» es en realidad una alianza entre viejos y conocidos socios: las principales empresas constructoras del país (Techint, Roggio, SADE Skanska, Gualtieri, etc.) y el ex ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Hugo Toledo, que a pesar de manejar la cartera se oculta detrás de un misterioso cargo de «asesor». Toledo y las constructoras se beneficiaron durante casi una década de los cuantiosos dineros destinados al denominado «Fondo de Recuperación del Conurbano Bonaerense», con los que se hicieron desde alcantarillas a autopistas, colegios y barrios enteros. Fue ese ejercicio el que ahora motiva la no aparición pública de Toledo.

Ahora, por un tema no menor como es la indexación por inflación de obras en su mayoría paralizadas, los antiguos socios se pelearon y el negocio se canceló al menos hasta que zanjen sus diferencias (seguramente lo harán). La pelea final se habría producido en el despacho de Antonio Arcuri, cuando los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción que preside Eduardo Baglietto (Techint) le entregaron un documento firmado por éste y Gregorio Chodos, en el que se «impugna» el decreto 1295/02, que justamente determina el método a aplicar para indexar las obras. La queja de los empresarios fue porque el gobierno quiere actualizar las deudas a partir de junio de este año, obligando a los constructores a absorber la inflación del primer semestre. La nota, dirigida a Duhalde, rechaza «el decreto por ilegitimidad, solicita su modificación y formula reserva de ampliación de fundamentos».

Seguramente Toledo no debe salir de su sorpresa: los contratistas que decidieron mientras él estuvo al frente de la mayor caja del país, ahora le exigen derogar un decreto que él mismo había inspirado y se niegan a absorber un «pequeño costo» a cambio de volver a hacer negocios juntos. Más cuando en el país hay tan pocos negocios y cuando el gobierno necesita un respaldo para completar su mandato con algo de obra pública que lo justifique. Pero, tal vez, por esa necesidad (o la propia), la «patria contratista» se ha vuelto inclemente y no quiere ceder ni un punto de la inflación acumulada entre enero y junio.

En la dura impugnación de la CAC los contratistas advierten que «la redeterminación de los precios en las obras públicas tiene como finalidad primordial evitar que las obras se paralicen, impidiendo toda disminución en el ritmo de trabajos. Para ello es que se instrumenta este régimen a fin de mantener la ecuación económico-financiera del contrato y la intangibilidad de la remuneración del contratista.