El gobierno uruguayo decidió rescindir el contrato que tenía la controvertida constructora argentina de Victorio Gualtieri para ampliar la ruta que une Montevideo con Colonia. Con ser previsible -las demoras en la marcha de las obras eran casi escandalosas: la ruta debía estar terminada en el año 2000-, la rescisión es uno más de los numerosos actos cuestionados en que se vio incursa la constructora Victorio Américo Gualtieri, que se benefició con ingentes créditos, luego declarados incobrables, otorgados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la administración bonaerense de Eduardo Duhalde. Gualtieri era el líder de una UTE denominada Consorcio Ruta 1, que completaban dos firmas muy poco conocidas: Compañía Bimper SA y Construcciones Laín SA.
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Ayer, el gobierno de Tabaré Vázquez anunció formalmente el fin del vínculo contractual con el mencionado « consorcio», que había ganado una licitación para convertir en autopista la Ruta 1, que une los 177 kilómetros que separan la capital oriental de Colonia, la segunda ciudad del país. Víctor Rossi, ministro de Transporte, confirmó, además, que el Estado asumía el control y el cobro de peajes del tramo de 65 kilómetros entre Montevideo y la localidad de Libertad -en la que, llamativamente, se encuentra el mayor complejo carcelario de Uruguay-. El funcionario describió una larga lista de incumplimientos en los que incurrió la empresa (el mayor, obviamente, la no realización de la obra contratada) y dijo que intentarán mantener trabajando a los subcontratistas «para que la rescisiónno tenga impacto sobre las obras».
Será el Estado uruguayo, entonces, el que tomará a su cargo la finalización de las obras, que incluyen la construcción de un segundo puente sobre el arroyo Santa Lucía, en el deslinde de los departamentos de Montevideo y San José.
El Consorcio Ruta 1 había ganado la licitación en 1998, durante el gobierno del presidente Julio María Sanguinetti. Fue el primer contrato de concesión vial por peaje en Uruguay. A cambio de ese cobro, el «consorcio» debía concluir la construcción de la doble vía entre Libertad y la capital, más el segundo puente en la Barra de Santa Lucía antes de setiembre de 2000. Gualtieri primero obtuvo una prórroga de dos años para terminar los trabajos, que tampoco respetó; sin embargo, durante todo este período -tal como les consta a los automovilistas argentinos que cruzan a los balnearios orientales por los puentes o van por Buquebús hasta Colonia y de allí hacia el Este- Gualtieri siguió cobrando los peajes. Ante este verdadero escándalo, las autoridades fiscales uruguayas embargaron los bienes, las máquinas, las cuentas bancarias y la caja (lo percibido «cash» en las cabinas de peaje) del consorcio, lo que equivale a unos u$s 4,5 millones.
El embargo se suma a otros que tiene Gualtieri a ambos lados del Río de la Plata, trabados por la DGI oriental y la AFIP argentina, por unos u$s 20 millones. El ex albañil devenido en empresario al calor de los créditos «fáciles» de lo que por entonces era la conducción del BAPRO, habría cobrado unos u$s 28 millones en la cabina de peaje de Santa Lucía, y afirma haber invertido u$s 53 millones en obras.
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