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Para el gobierno la venta de las acciones sería la forma de evitar el juicio contra el Estado nacional entablado por u$s 1.700 millones en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial. Informate más
Pero el caso de Aguas Argentinas es distinto. Ya cuando se privatizó el servicio en 1993, el Estado no exigió el pago de una llave para quedarse con la concesión, y la licitación se definió por el que ofreció cobrar la menor tarifa.
Ahora la empresa tiene un pasivo financiero de alrededor de u$s 600 millones y Suez estaría pidiendo entre 200 y 300 millones para transferir las acciones y luego levantar el juicio. Además el gobierno tampoco autorizaría este año un aumento de tarifas, y no queda claro cómo se afrontarán las inversiones.
Pero el empresario local, como se sabía desde el primer momento, no ofreció a los franceses un pago «cash» y, por el contrario, esperaba poder reestructurar los pasivos, especialmente los que quedaron en cabeza de Suez, porque ésta pagó en enero unos u$s 250 millones a organismos multilaterales de crédito, debido a que eran créditos para Aguas que había garantizado y que no podía mantener, luego de anunciado el retiro de la concesión. Sin otro interesado a la vista, los franceses especulan que el gobierno les rescindirá el contrato porque no van a reponer $ 38 millones de un total de $ 150 millones que constituyen la garantía de la concesión. (Ese dinero fue ejecutado por el Estado a cuenta de multas impagas un mes atrás.)
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