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9 de junio 2020 - 22:18

Vicentin: funcionarios concurrieron a la empresa y los accionistas no los dejaron entrar

Los representantes del Estado mantuvieron un encuentro con Sergio Nardelli y Sergio Vicentín, quienes se negaron a habilitar el acceso a las oficinas.

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Sebastián Granata / Télam

Funcionarios del Gobierno nacional se presentaron este martes en las oficinas administrativas de Vicentín en la localidad santafesina de Avellaneda para hacer cumplir los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 522/2020 publicado en el Boletín Oficial.

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Los representantes del Estado mantuvieron un encuentro con los accionistas de la empresa, Sergio Nardelli y Sergio Vicentín, quienes se negaron a habilitar el acceso a las oficinas por lo que se abrió una instancia de diálogo con el objetivo de concretar la intervención de Vicentín.

Previamente, los funcionarios fueron recibidos por el juez Fabián Lorenzini en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista donde tramita el proceso preventivo de acreedores que se inició luego de que la empresa se declarara en cesación de pagos en diciembre de 2019.

Los funcionarios llegaron esta mañana al aeropuerto de la III Brigada Aérea de Reconquista, ubicada en el norte de Santa Fe.

La comitiva se trasladó hasta el Juzgado Civil y Comercial 2 de esa ciudad, a cargo de Lorenzini, a quien le notificaron de la intervención de la empresa agroindustrial decidida ayer por el presidente Alberto Fernández, como primer paso de un proceso para su expropiación, que deberá decidir el Congreso.

Según fuentes locales y del gobierno, se le entregó al fiscal una copia certificada por la Escribanía General de la Nación del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Fernández, en la que designa a Gabriel Delgado como interventor de la firma concursada.

Además, los funcionarios mantuvieron un encuentro con el intendente de Reconquista, Amadeo Vallejos.

El Grupo Vicentin, con plantas en varias ciudades santafecinas y más de 90 años de operaciones, entró en cesación de pagos en diciembre pasado y el 11 de febrero de este año solicitó la apertura de su propio concurso de acreedores, por una deuda que asciende a los U$S 1.350 millones, entre pasivos financieros y con proveedores y clientes.

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