Los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) crecen en inversión aunque generan algunos interrogantes respecto de su vinculación con el entramado productivo nacional.
RIGI y proveedores: 8 de cada 10 bienes importados son productos metalúrgicos
El régimen de incentivos a la inversión acumula proyectos por casi u$s200.000 millones, pero la actividad de los fabricantes metalúrgicos que abastecen al petróleo y gas, y minería cae, en lugar de crecer.
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El número adquiere otra dimensión cuando se observa su composición. Unos u$s100 millones correspondieron a manufacturas de hierro y acero, otros u$s100 millones a máquinas y aparatos mecánicos y u$s47 millones a máquinas y material eléctrico. Las importaciones, además, vienen acelerándose: sólo en el primer semestre de 2026 alcanzaron los u$s140 millones, prácticamente el mismo monto que en todo 2025. Junio marcó un récord mensual de u$s36 millones.
El detalle permite bajar esos números a bienes concretos. Los VPU importaron u$s75,2 millones en tanques, cisternas y depósitos de acero y u$s56,4 millones en equipos de filtrado y ósmosis inversa. También ingresaron tubos de acero para oleoductos, transformadores eléctricos, puentes grúa, subestaciones y hasta bulonería.
La composición de esas importaciones pone el foco sobre uno de los puntos del RIGI: el compromiso con los proveedores nacionales. "Ese resultado no es una anomalía sino la consecuencia previsible del diseño normativo del ‘compromiso’ de desarrollo de proveedores locales”, entiende el informe.
La ley establece un porcentaje del 20%, aunque su funcionamiento tiene algunas particularidades.
En primer lugar, explica un informe de la cámara metalúrgica ADIMRA, ese porcentaje no se calcula sobre la inversión total del proyecto. Se aplica sobre el monto destinado al pago de proveedores de bienes y obras, una base que surge del plan presentado por cada VPU y que no se publica de manera individual.
Ese compromiso tiene, además, una serie de condiciones. La oferta nacional debe estar disponible y resultar competitiva en precio y calidad, además de cumplir con las cantidades y los tiempos requeridos. Para el precio se compara el valor ex fábrica local con el valor CIF del producto importado, más aranceles y eventuales medidas antidumping. El documento señala que no existe un mecanismo público conocido para auditar técnicamente las objeciones que puedan presentar los VPU sobre esas condiciones.
También hay particularidades en la forma de contratación. Los VPU pueden recurrir a constructoras, montadoras o empresas integradoras que luego adquieren los equipos. Según el relevamiento, los fabricantes nacionales que venden a esos contratistas quedan fuera de algunos de los beneficios previstos para proveedores directos.
A su vez, dentro del mismo 20% se computan bienes y obras, sin una proporción mínima para cada uno. Así, construcción civil, movimiento de suelos o montaje pueden contribuir al cumplimiento del requisito aun cuando no impliquen compras de bienes industriales nacionales. La composición entre ambos conceptos tampoco se publica por proyecto.
La reglamentación contempla además excepciones para que los VPU importen con beneficios determinados bienes que no califican como bienes de capital, previa autorización. Finalmente, el cumplimiento del plan de proveedores se verifica en períodos bienales mediante una declaración jurada del propio proyecto. Es decir, aún no existe información pública consolidada que permita conocer cuánto del compromiso corresponde efectivamente a compras de bienes nacionales.
Una industria metalúrgica que todavía no repunta
La discusión encuentra al sector metalúrgico atravesando un momento complejo. En julio, su producción cayó 4,4% interanual, según el último relevamiento de ADIMRA. Frente a junio apenas creció 0,1% y en los primeros siete meses del año acumula una baja del 5,5%.
La utilización de la capacidad instalada también refleja esa debilidad. Se ubicó en 39,2%, seis puntos porcentuales por debajo del mismo período de 2025. ADIMRA señala que se trata de uno de los niveles históricamente más bajos de su serie.
La caída atraviesa buena parte del entramado. Bienes de capital retrocedió 9,5% interanual y equipos y aparatos eléctricos bajaron 4,3%. También hubo descensos en equipamiento médico, carrocerías y remolques, otros productos de metal y fundición.
La mirada por cadenas productivas acerca todavía más el dato al RIGI. Las empresas metalúrgicas vinculadas con minería cayeron 6,4% interanual en julio. Las relacionadas con petróleo y gas retrocedieron 4,4% y las de energía eléctrica, 3,2%.
El RIGI se acerca a los u$s200.000 millones
Mientras tanto, la escala potencial de esa discusión creció rápidamente. Al 14 de agosto, la cartera conocida del RIGI alcanzó 44 proyectos por casi u$s200.000 millones, si se incorpora la última presentación de Argentina LNG. Petróleo, gas y minería concentran buena parte de las iniciativas.
Antes de ese proyecto, la fotografía mostraba 43 iniciativas por u$s147.949 millones. De ellas, 21 ya cuentan con resolución publicada, por un monto de u$s46.708 millones. Otras 22 permanecen bajo análisis, por u$s101.241 millones. Esto significa que el 68,4% de la inversión de esa cartera todavía espera una definición administrativa.
Ahora se suma Argentina LNG, impulsado por YPF, Eni y XRG para exportar gas natural licuado desde Río Negro. La solicitud de adhesión contempla una inversión acumulada de u$s51.000 millones. Al incorporarla al cálculo, el universo conocido del RIGI escala hasta casi u$s199.000 millones.
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