Ayer Argentina fue nuevamente demandada en los tribunales internacionales ante el default de su deuda externa. Los reclamantes fueron los inversores Lightwater Corporation Ltd. y Old Castle Holdings Ltd., que exigen el pago inmediato de las sumas adeudadas en bonos por 7,8 millones de dólares. Es el segundo juicio internacional contra la Argentina y se descuenta que las presentaciones se acelerarán en los próximos días. Como el gobierno prácticamente no tuvo ningún contacto con inversores pasados ya 5 meses del anuncio del default -sólo hubo envío de una carta de Remes Lenicov pidiendo tiempo-, los tenedores de bonos pierden la paciencia. Los tribunales de Nueva York tienen varios antecedentes de condenar a países en default. A partir de la sentencia, comenzarán los embargos puntualmente sobre los pagos que el país deba hacer a otros acreedores si es que llega a haber un acuerdo de reestructuración con ellos. Por eso es que se corre un alto riesgo en la medida en que se acumulen presentaciones y se pierda la posibilidad de una renegociación «amigable» de la deuda. Sería muy grave.
La Argentina ha sido nuevamente demandada en los tribunales internacionales ante el default de su deuda externa. En este caso, acreedores que cuentan con títulos en dólares por $ 7,8 millones demandaron al gobierno argentino ayer ante la Suprema Corte de Justicia del Estado de Nueva York.
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Los reclamantes son los inversores Lightwater Corporation Ltd. y Old Castle Holdings Ltd., que exigen el pago inmediato de las sumas adeudadas bajo la forma de títulos. Este es el segundo juicio internacional contra la Argentina. El primero se denominó Applestein vs. The Argentina Republic y también tramita en Nueva York.
El abogado orientado a temas de reestructuración de deuda soberana Eugenio Bruno, de Morgan, Lewis & Bockius LLP en Estados Unidos, le manifestó a Ambito Financiero que estas acciones legales son inevitables y que su resultado favorecerá a los acreedores ya que los tribunales de Nueva York tienen una larga jurisprudencia de condena a los Estados soberanos en default.
A partir de la sentencia, estos acreedores comenzarán a perseguir activos de la Argentina en el exterior y tratarán de embargar los pagos que la Argentina pueda realizar a otros acreedores si es que llega a un acuerdo de reestructuración con ellos. «Es por ello que el gobierno argentino debería lanzarse rápidamente a negociar con los acreedores internacionales para tratar de evitar que un gran número de ellos siga el mismo camino judicial, poniendo en riesgo la suerte de los esfuerzos de reestructuración. Estas acciones judiciales quitarían incentivos a los inversores para aceptar la eventual propuesta del gobierno argentino ya que los que no acepten obtendrían mejores condiciones de pago en razón de que, en virtud de las acciones judiciales, podrían embargar los pagos futuros que realice el gobierno a los acreedores que sí acepten, los que, de esta manera, podrían quedarse con títulos de menor valor y sin siquiera los montos de dinero correspondientes a su pago».
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