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A pedido del Gobierno, la UOM acepta negociar por 12 meses
SE DESCARTÓ UN ACUERDO HASTA MITAD DE AÑO. LAS PARTES SEGUIRÁN LA DISCUSIÓN MANAÑA. EXPLORAN SUBA MENOR AL 30%
En la audiencia de ayer, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) y el resto de las entidades patronales llegaron a esbozar una oferta cercana al 24 por ciento que fue rechazada por el gremio que lidera Antonio Caló, que había arrancado el debate con un planteo de aumento para el año del 32 por ciento. Los negociadores de los dos sectores le reconocieron a este diario que hay chances de cerrar la discusión con un aumento apenas menor al 30 por ciento, y de parte del gremio con la condición de agregar una suma fija no remunerativa.
La admisión está en línea con la sugerencia que hicieron en los últimos días los funcionarios de las áreas económica y laboral a los dirigentes sindicales más cercanos al Gobierno y a los representantes empresarios involucrados en las primeras paritarias del año. La condición del Ejecutivo para habilitar los acuerdos salariales -y para la consecuente homologación por parte del Ministerio de Trabajo- es que los aumentos deberán ser nominalmente inferiores al 30%, incluso si la incorporación de otros ítems -como sumas fijas no remunerativas o adicionales de convenio- terminan por llevar el impacto real de bolsillo por encima de ese valor.
En la UOM dijeron ayer que aceptarán firmar un aumento cercano al 29,5% para cumplir con el mandato de Cristina de Kirchner. La premisa que la organización sindical no cederá es la de llevar el salario mínimo garantizado de la actividad de los actuales $ 6.400 a un valor de alrededor de 8.500 pesos. Para alcanzar esa cifra con un incremento menor al 32% reclamado, el gremio intentará enlazar pagos no remunerativos durante la vigencia del nuevo convenio.
Se trata de una discusión entre aliados. Tanto la UOM como ADIMRA son espacios leales a Cristina de Kirchner, y mantienen un vínculo estrecho entre sí. En esa lógica están forzados a agotar instancias de negociación y a evitar en lo posible medidas de fuerza como el paro por 36 horas que Caló -además es jefe de la CGT oficialista- dejó latente como resultado del congreso del gremio en Mar del Plata la semana pasada. La premisa de ser aliados no corre para algunas de las cámaras empresarias, como el caso de los autopartistas de AFAC que suelen expresar las posturas más renuentes a los acuerdos.
La semana pasada la negociación estuvo signada por la chance de un acuerdo corto, entre abril y julio. Esa alternativa respondía a la incertidumbre en torno de dos variables: el índice de precios para este año y la eventual modificación por parte del Gobierno del Impuesto a las Ganancias, algo que se especula como más factible cerca de las elecciones. Para alivio del Ejecutivo, ayer esa opción quedó de momento descartada.
En otra negociación, la Asociación Bancaria no obtuvo ayer respuestas empresarias a su reclamo de una suba no menor al 34% y de una compensación por Ganancias. El gremio advirtió que de no haber avances, la semana que viene resolverá en un plenario medidas de fuerza.


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