En la Argentina se hacen decenas de miles de abortos por año. El procedimiento no está penado. Pero la legislación impide realizarlos en los centros de salud legales. Este es el tema central del debate y los demás argumentos son redundantes. ¿Permitirán atender a las mujeres legalmente o las seguirán condenando a lugares clandestinos e inseguros?
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Algunos cierran a las mujeres el acceso a la medicina legal para abortar, para que "se hagan responsables de sus actos sexuales", criterio que no se extiende a los responsables de accidentes ni a los asaltantes heridos en su acción. No aceptan que el embarazo no deseado pueda ser un accidente, consecuencia no buscada que pueda ser remediada durante un lapso acotado. La incoherencia de la legislación es manifiesta: los hospitales reciben a la mujer dañada en los abortos clandestinos. Otras van al cementerio.
Desvían atenciones proclamando lo que no está en discusión: el feto es un ser vivo desde la concepción. Tan vivo como cualquier parte del cuerpo de la madre. El conflicto reside en que el feto, óvulo de la mujer fertilizado, no puede existir sin ella, su alimentación y cuidado completo por bastante tiempo. El feto depende enteramente de la madre. Y una vez concebido incidirá en la vida de la madre por años. De ninguna manera el feto puede ser una persona ajena a la madre, un tercero en la cuestión. Las madres cargan con la responsabilidad del aborto, el embarazo y los hijos por muchos años. Para cubrir esa necesidad se constituye la familia. Pero en ocasiones particulares la madre debiera poder decidir. Entre dos vidas, la del feto y la de la madre, ésta debiera prevalecer, al menos por un tiempo prudencial. La legislación no debiera obligar a madres desvalidas a opciones apuradas, responsabilidades inabordables o contrarias a sus necesidades.
La Argentina, como todo país subdesarrollado, está agobiada por demasiados obstáculos y cargas artificiales, frustrantes de iniciativas y realizaciones personales productivas. Eso nos retrasa y desilusiona. Cerrar la medicina legal al aborto es un peligroso obstáculo. Por iguales razones, la ley debiera solamente autorizar el tratamiento en todos los hospitales y centros de salud. Y dejar librado a cada institución particular las condiciones, costos y procedimientos. Los que objeten por razones de consciencia no debieran estar obligados. De tal modo se conformarían las condiciones de un óptimo. Que todos los involucrados estén mejor y ninguno perjudicado. Los no afectados directamente no debieran oponerse.
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