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Absolvieron a Garzón en la causa por los crímenes del franquismo
Baltasar Garzón fue hallado culpable en una de las tres causas que tramitaban ante el Tribunal Supremo. Apelará el fallo que lo inhabilitó por 11 años.
Con esta decisión, se puso fin al último proceso contra el ya exjuez de la Audiencia Nacional, quien recientemente fue condenado por el mismo tribunal a 11 años de inhabilitación por autorizar escuchas telefónicas en prisión entre los principales implicados en el caso de corrupción Gürtel, ligado al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y sus abogados.
En cumplimiento de esa sentencia, Garzón fue expulsado de la semana pasada de la carrera judicial y perdió su cargo, desde el cual se hizo mundialmente famoso por perseguir a violadores de derechos humanos, especialmente a los represores de la Argentina y del resto del Cono Sur y Guatemala. No obstante, el exmagistrado anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional español.
Hace quince días, el Tribunal Supremo también archivó por prescripción la tercera causa abierta contra Garzón en relación con una financiación que recibió de grandes bancos y empresas españolas para dictar unos cursos en Nueva York.
La nueva sentencia del alto tribunal, adoptada por mayoría de seis votos contra uno, encuentra a Garzón inocente, pero también reafirma la doctrina contraria a la investigación judicial del capítulo más oscuro de la historia reciente de España.
«Es una vergüenza que el Tribunal Supremo cierre los ojos ante más de 160.000 víctimas. En el fondo, esta sentencia es un certificado de la impunidad», dijo Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con representación en toda España. Silva expresó su satisfacción por la absolución de Garzón, pero lamentó que el Tribunal Supremo «no le haya dado la razón» e insista en que «la Justicia española no es competente» para investigar los crímenes del franquismo.
En su resolución de 63 páginas, el alto tribunal asegura que Garzón aplicó de forma «errónea» la ley, pero que esto no supone la comisión de un delito de prevaricato, es decir, dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho.
Además, remarca que la actuación de Garzón fue «oportunamente corregida» por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se pronunció en contra de su competencia, por lo que no se produjo una «injusticia», requisito para el prevaricato.
Sin embargo, el Tribunal Supremo no le da la razón al magistrado en cuanto a su competencia para investigar, ya que sostiene que su error inicial se produce cuando califica los hechos el 16 de octubre de 2008 y ordena la apertura de 19 fosas comunes.
En esa resolución, Garzón consideró que los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, que delimitó temporalmente entre 1936 y 1952, constituyen «delitos permanentes de detención ilegal, en el contexto o marco de crímenes contra la humanidad».
Por otro lado, el Tribunal Supremo hace una defensa férrea de la ley de amnistía de 1978, que según la acusación había sido vulnerada por Garzón, al afirmar que «en ningún caso fue aprobada por los vencedores para «encubrir sus propios crímenes», como en las dictaduras del Cono Sur, sino que es un instrumento de reconciliación. Señala también que es una ley vigente y que, en todo caso, corresponde al Parlamento derogarla. De esta forma se excluye la posibilidad de los «denominados juicios de la verdad». La causa contra Garzón fue abierta por las organizaciones ultraderechista Manos Limpias y Libertad e Identidad, que pedían una condena de 20 años de inhabilitación. Durante el juicio, los familiares de las víctimas del franquismo tuvieron la oportunidad, por primera vez en la historia, de relatar ante un tribunal español los horrores de la represión del régimen.
En reacción a la sentencia de ayer, el vocero de la plataforma Solidarios con Garzón, Luis García Montero, aseguró que la decisión del Tribunal Supremo de absolver al juez demuestra que fue un «montaje y una persecución». Según García Montero, el Tribunal Supremo podía «permitirse el lujo» de adoptar este acuerdo dado que la carrera del célebre juez ya estaba terminada tras la anterior condena por las escuchas.
Desde las formaciones políticas, el gubernamental Partido Popular se limitó a señalar que «respetan» la sentencia del Tribunal Supremo, según dijo su secretaria general, María Dolores de Cospedal.
El Partido Socialista (PSOE) fue más allá y su vicesecretaria general, Elena Valenciano, aseguró que «unas sentencias nos gustan más que otras y ésta, en concreto, nos satisface».
El líder de la formación Izquierda Unida, Cayo Lara, calificó la sentencia de «buena noticia», pero lamentó que los oponentes de Garzón ya habían conseguido su objetivo de «quitárselo de en medio» con su inhabilitación por el otro juicio.
Agencias EFE, AFP, Reuters, ANSA y DPA, y Ámbito Financiero


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